La Audiencia de Barcelona publicó ayer la sentencia del juicio a los funcionarios de prisiones acusados de torturar a reclusos de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) tras el motín sucedido en abril de 2004. El tribunal condenó a tres años y medio al subdirector médico del centro penitenciario, Xavier Martínez Redondo, mientras que impuso penas de cuatro meses a un año a otros cinco funcionarios. Tres de los encausados fueron finalmente absueltos.

La sentencia -que ahora se podrá recurrir- considera probado que «cientos» de funcionarios «formaron una especie de `pasillo'» por el cual pasaban los reclusos «esposados con los brazos hacia atrás, con un palo o similar entre los brazos para obligarles a caminar con la cabeza gacha». En dicho pasillo «los funcionarios o parte de ellos los iban golpeando, al mismo tiempo que les proferían expresiones que afectaban a su honor y dignidad». Malos tratos repetidos en el departamento de ingresos, donde algunos de los presos, «teniéndolos bocabajo fueron golpeados por parte de los funcionarios».

Pese a la evidencia de los malos tratos y a la crudeza del relato, el tribunal provincial decidió rebajar el tipo de delito y, en vez de condenarlos por torturas -como pedían las acusaciones e, inicialmente, la propia Fiscalía-, lo hizo por delitos de atentado a la integridad moral -con penas sensiblemente inferiores-. Una decisión justificada, según la sentencia, porque la reacción de los carceleros fue «casi espontánea».

Penas mínimas

Además, la Audiencia decidió imponer la pena mínima de seis meses contemplada en el Código Penal por dicho delito, arguyendo «la concurrencia de la circunstancia atenuante simple de dilaciones indebidas» en el proceso judicial. Unas dilaciones de las que las acusaciones han responsabilizado en más de una ocasión a los propios acusados.

De esta manera, al principal responsable juzgado, el subdirector médico, la Audiencia le ha impuesto una condena por siete delitos de atentado a la integridad moral, con una pena de seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por cada uno los delitos. Esto sumaría tres años y medio de cárcel y 14 de inhabilitación. Sin embargo, la propia sentencia explicita que «el máximo efectivo de cumplimiento no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido». Es decir, que en la práctica, Martínez Redondo cumplirá un máximo de 18 meses en prisión y seis años de inhabilitación.