El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, firmó ayer el cese de explotación de la central de Garoña, tal como señalaba una orden ministerial emitida hace cuatro años. Sin embargo, el futuro de las instalaciones nucleares lindantes con nuestro país está aun en el alero, ya que según anunció la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con su actividad «si así fuera posible».

Es conocida la apuesta del Gabinete de Mariano Rajoy por que Garoña mantenga su funcionamiento unos cuantos años más. La orden de cierre ha sido emitida a regañadientes y porque no les quedaba más remedio. El vencimiento de los plazos legales como consecuencia, sobre todo, de la prepotencia de la empresa explotadora ha impedido al PP eludir la clausura de la central atómica, pero tanto Nuclenor como el propio Ejecutivo se han encargado de mantener abierta la expectativa de una reapertura. No hay que olvidar, en este sentido, que el Consejo de Seguridad Nuclear avaló en mayo la petición de prórroga y que, además del potente lobby energético, hay otros agentes, como los sindicatos CCOO y UGT, que empujan en esa dirección. Frente a ellos, además de la lógica y el sentido común, se encuentra la sociedad vasca, que celebra el cumplimiento de un deseo expresado durante décadas y que no entendería que se produjera una marcha atrás.

Sin embargo, también en este tema la voluntad de la ciudadanía vasca choca frontalmente con el interés del poder político, económico y sindical del Estado, y aunque una vez echado el candado es difícil reabrirlo, las presiones no van a amainar. La historia de Garoña es la común del despropósito nuclear, pero también es la historia de una imposición a este país y la historia de una lucha popular firmemente arraigada. Precisamente, esa capacidad de movilización será determinante para que el cierre sea irreversible. Hay que hacer todo lo posible para que a ellos les resulte imposible.