La nueva Ley, que será remitida a las Cortes para su tramitación por la vía de urgencia, pretende que cualquier producto o servicio producido al amparo de una determinada normativa autonómica pueda ser ofertado en todo el territorio estatal sin necesidad de trámite adicional.

Así, el Ejecutivo español quiere evitar, por ejemplo, que una empresa alimentaria tenga que incluir en el etiquetado especificaciones distintas en función de dónde se comercialice. Pero también obligará a una comunidad autonómica a que permita ejercer su profesión a un fontanero que provenga de otra comunidad con la única autorización de aquella, o le prohibirá exigir a una empresa, como requisito para participar en un concurso público, que tenga la sede en su territorio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que «se trata de un paso importantísimo a la hora de simplificar la vida empresarial en España».

En paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso, en colaboración con 27 sectores, para identificar las normas que vulneran el contenido de la ley, según fuentes de Economía, que han apuntado que por el momento se han detectado cerca de 6.000 normativas que la contravienen, de las que 1.700 son estatales y el resto autonómicas o locales.

Esta Ley ha generado una gran desconfianza entre las comunidades autonómicas, tanto por la desprotección que supone para los usuarios, como alega Andalucía, como por la invasión de competencias, tal y como. apuntan los ejecutivos catalán y de Gasteiz.

El portavoz del Gobierno de Urkullu, Josu Erkoreka, mostró su temor a que la nueva Ley «vulnere masivamente» las competencias autonómicas relacionadas con el comercio y la actividad económica. A su juicio, «una unidad de mercado, en la medida en que lo autoriza la Constitución, existe ya y no hay fronteras entre unas comunidades y otras, no existen como existen entre estados formalmente independientes».

Tras llamar la atención sobre lo «demagógico» de la argumentación que, con frecuencia, se utiliza para justificar este tipo de medidas uniformadoras, señaló que «nadie probablemente pondrá en cuestión la unidad de mercado en Estados Unidos, un estado federal integrado por diferentes estados que tiene cada uno de ellos atribuciones y competencias en cuestiones que serían inimaginables aquí para las comunidades autónomas».

Los Estados Unidos, dijo, «legislan en materia societaria, de actividad económica e, incluso, en materia económica y bancaria, y nadie pone en cuestión que, pese a esas regulaciones diferentes, la actuación de un empresario en los Estados Unidos obedece a un mercado único que tiene unas mismas pautas».

Temor de los consumidores

La organización de consumidores Facua también se mostró contraria a esta Ley al considerar que da lugar a un «paraíso empresarial» similar al paraíso fiscal creado a través de la amnistía, por el que las empresas exigirán a las comunidades que recorten la protección de los consumidores para instalarse en su territorio.

A su parecer, la ley, que no tiene precedentes y es muy «peligrosa», supone un auténtico «engendro legal» para satisfacer los intereses empresariales dando lugar a un conflicto de competencias «brutal» entre las comunidades.