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ANÁLISIS | POLÍTICAS ANTICRISIS EN LA CAV
políticas anticrisis en la cav Sobre la reforma fiscal
Los autores defienden la necesidad de abordar una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos, fundamentalmente, a través de los impuestos directos, e inciden en que debe ser una reforma estructural que termine con la «reducciones excesivas» de años anteriores.
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Ekai Group
La voluntad de las distintas fuerzas políticas vascas de reactivar el diálogo sobre la reforma fiscal ha puesto de nuevo sobre la mesa este aspecto sustancial -pero, en nuestra opinión, sobredimensionado- de las políticas anticrisis en la CAV. Decimos sobredimensionado porque, si en las circunstancias actuales parece inevitable adoptar políticas presupuestarias serias y ajustadas, estas políticas no debían haberse nunca convertido en el centro de las políticas anticrisis, que debían haber girado alrededor de la financiación empresarial, la formación y el equipamiento tecnológico.
De cualquier forma, las dificultades presupuestarias han reactivado el debate sobre la reforma fiscal y aquí radica, en primer término, una de las cuestiones clave. Es decir, en qué medida se pretende exclusivamente resolver el actual problema presupuestario o si el objetivo de la reforma debe, en su caso, ser más ambicioso y plantearse cambios de carácter más estructural.
Esta dialéctica tiene su origen, lógicamente, en la propia interpretación sobre la caída en la recaudación fiscal registrada durante los últimos años y que, como sabemos, es la causa de los actuales desajustes presupuestarios. Aunque con frecuencia se ha transmitido otra impresión, el sindicato ELA lleva poniendo de relieve que la caída en la recaudación experimentada en la CAV es desproporcionada y que no se debe exclusivamente a la crisis sino, fundamentalmente, a los cambios normativos introducidos en la fiscalidad durante la última década y cuyos efectos en la recaudación estamos sufriendo ahora.
Como dato significativo, ELA estima que «si la presión fiscal hubiera caído como en la UE-27, en el ejercicio 2011 se tendrían que haber recaudado en Hego Euskal Herria 2.344 millones de euros más de los que se obtuvieron». Por otro lado, la presión fiscal en la CAV es sensiblemente menor a la media europea, tanto globalmente como en los distintos conceptos impositivos.
Esto significa, en primer lugar, que la reforma fiscal a realizar tiene probablemente un significativo componente estructural. No se trata solo de que, como consecuencia de la caída de la recaudación, sea necesario tensionar la presión fiscal con el fin de ajustar los presupuestos mientras dure la crisis. Es necesario también reequilibrar reducciones impositivas de años anteriores que todo parece indicar que fueron excesivas.
De cualquier forma, es importante que las razones que fundamentan la reforma fiscal se expliciten con la mayor claridad posible. Incrementos impositivos debidos a razones coyunturales deberían tener también carácter coyuntural y, en su caso, exponerse -y comprometerse- con claridad ante la opinión pública como incrementos de tal carácter coyuntural.
Esta metodología fue propuesta en su día por Ekai Center como un instrumento clave para facilitar el necesario consenso social a través de un impuesto extraordinario y transitorio, cuya transitoriedad estuviera expresamente comprometida normativamente en las Juntas Generales.
Antes de abordar los objetivos cuantitativos de la reforma fiscal, es necesario tener en cuenta las recientes reformas del IVA en el Estado español, que afectan directamente a la CAV. Nuestro sistema de concierto económico es sorprendentemente desequilibrado y no es posible establecer estrategias claramente diferenciadas del Estado, al quedar los impuestos indirectos básicamente fuera de la competencia de la CAV.
La Unión Europea ha exigido repetidamente al Estado español la elevación de los impuestos indirectos y esto supone que una parte de la reforma fiscal a realizar está ya siendo abordada en este sentido a través de normativa estatal.
En definitiva, esto quiere decir que la reforma fiscal a abordar en la CAV tiene que suponer, básicamente, un incremento de la recaudación a través de impuestos directos: Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio e IRPF. Si tenemos en cuenta los cambios ya realizados al respecto en Gipuzkoa, es muy posible que, de una u otra forma, los tres impuestos sean afectados por la reforma.
En este sentido, no compartimos el reiterado criterio de la patronal Confebask de evitar incrementos de presión fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, en la medida en que estaríamos castigando a las empresas en un momento económico de gran dificultad. La característica intrínseca del Impuesto de Sociedades es precisamente que solo tributan por él las empresas que obtienen beneficios y, consecuentemente, no parece fuera de lugar que estas empresas realicen un mayor esfuerzo precisamente como instrumento de solidaridad con las empresas en una situación difícil y con el conjunto de la sociedad, precisamente en estos momentos en los que necesitamos salvar el grueso de nuestro tejido industrial.
Sin embargo, sí sería oportuna una reflexión más detenida sobre la situación de este impuesto antes de dar un carácter coyuntural o estructural a las posibles modificaciones a establecer. Aunque sea cierto que la recaudación por este impuesto, en proporción sobre el PIB, sea en la CAV inferior a la media de la UE-27, ello puede deberse en parte a factores muy coyunturales que, incidiendo sobre las cuentas de resultados de las empresas, no estén directamente relacionados con la normativa en vigor en este impuesto.
Sí compartimos el aparente consenso sobre la necesidad de que estas medidas impositivas se acompañen de medidas complementarias para el incremento de la lucha contra el fraude fiscal, si el objetivo se aborda en serio y no queda en meras palabras.
Confebask venía planteando que «la Reforma Fiscal debe venir precedida por una profunda reforma y racionalización del gasto público». No se puede negar la lógica conceptual de fondo de este planteamiento. La tensión sobre la eficiencia y racionalización de la gestión pública debe ser siempre constante. Y, tras un periodo de burbuja financiera como el que hemos vivido hasta el estallido de la crisis, es inevitable que se produzcan situaciones de gasto inadecuado o excesivo.
No obstante, este proceso de racionalización debe ser abordado en paralelo a la reforma fiscal. No porque ello sea lo conceptualmente más lógico, sino porque ya no hay tiempo.