El texto recibió el visto bueno de la Comisión de Política Social de la cámara guipuzcoana después de que lo aprobara la ponencia, un órgano constituido el 5 de julio de 2012 a instancias de Aralar y que ha escuchado a lo largo de este año las opiniones de expertos y personas vinculadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión.

El informe contiene recomendaciones a las instituciones públicas, desde ayuntamientos a Diputación, Gobierno de Gasteiz y Ejecutivo español para que mejoren sus servicios y la atención a las personas con escasos recursos o sin ellos en un territorio que tiene una tasa de pobreza severa del 4,3% (algo más de 30.000 personas).

Señala que, a pesar de que esta tasa es inferior a la del Estado español, y de estar «muy por debajo» de la media europea, no hay que caer en «la complacencia, especialmente cuando el fenómeno está creciendo».

Destaca que «las necesidades aumentan y las disposiciones presupuestarias de las instituciones públicas disminuyen», y aconsejan que el camino a seguir no solo se apoye en las políticas sociales, como la RGI y la prestación complementaria de vivienda, sino en otras opciones como el sistema fiscal.

«Resulta imprescindible adoptar medidas a medio y largo plazo en el resto de las políticas públicas -fiscales, educativas, culturales, de empleo, de vivienda, de salud, de transporte, urbanismo, etc- que permitan erradicar los procesos de empobrecimiento y exclusión», afirma. A Lakua, le reclaman «una urgente revisión» de las Ayudas de Emergencia Social, y a este Ejecutivo y al de la Diputación les pide un programa de lucha contra la economía sumergida. Al Gobierno del PP le instan «a cumplir su compromiso de elevar las pensiones mínimas hasta el SMI y de transferir a la Comunidad Autónoma el régimen económico de la Seguridad Social».

Voto contrario del PP

En su voto particular, la representante del PP reclamó que se retire el punto referido a los presos que dice que «debe reclamarse el derecho a cumplir prisión cerca del entorno familiar».

También exigió la supresión del que recomienda «crear ayudas para el desplazamiento de familiares de reclusos sin recursos a prisiones lejanas o cercanas en aquellos casos y para aquellos tramos en que no exista transporte público».