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Gipuzkoa insta a que las instituciones se impliquen con las personas sin recursos
Todos los partidos representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer el informe de conclusiones de la ponencia sobre la pobreza que insta a las instituciones a mejorar sus servicios sociales.
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GARA | DONOSTIA
El texto recibió el visto bueno de la Comisión de Política Social de la cámara guipuzcoana después de que lo aprobara la ponencia, un órgano constituido el 5 de julio de 2012 a instancias de Aralar y que ha escuchado a lo largo de este año las opiniones de expertos y personas vinculadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión.
El informe contiene recomendaciones a las instituciones públicas, desde ayuntamientos a Diputación, Gobierno de Gasteiz y Ejecutivo español para que mejoren sus servicios y la atención a las personas con escasos recursos o sin ellos en un territorio que tiene una tasa de pobreza severa del 4,3% (algo más de 30.000 personas).
Señala que, a pesar de que esta tasa es inferior a la del Estado español, y de estar «muy por debajo» de la media europea, no hay que caer en «la complacencia, especialmente cuando el fenómeno está creciendo».
Destaca que «las necesidades aumentan y las disposiciones presupuestarias de las instituciones públicas disminuyen», y aconsejan que el camino a seguir no solo se apoye en las políticas sociales, como la RGI y la prestación complementaria de vivienda, sino en otras opciones como el sistema fiscal.
«Resulta imprescindible adoptar medidas a medio y largo plazo en el resto de las políticas públicas -fiscales, educativas, culturales, de empleo, de vivienda, de salud, de transporte, urbanismo, etc- que permitan erradicar los procesos de empobrecimiento y exclusión», afirma. A Lakua, le reclaman «una urgente revisión» de las Ayudas de Emergencia Social, y a este Ejecutivo y al de la Diputación les pide un programa de lucha contra la economía sumergida. Al Gobierno del PP le instan «a cumplir su compromiso de elevar las pensiones mínimas hasta el SMI y de transferir a la Comunidad Autónoma el régimen económico de la Seguridad Social».
Voto contrario del PP
En su voto particular, la representante del PP reclamó que se retire el punto referido a los presos que dice que «debe reclamarse el derecho a cumplir prisión cerca del entorno familiar».
También exigió la supresión del que recomienda «crear ayudas para el desplazamiento de familiares de reclusos sin recursos a prisiones lejanas o cercanas en aquellos casos y para aquellos tramos en que no exista transporte público».
El PSE hizo público un comunicado en el que solicita que la Diputación ponga en marcha en cuatro meses un plan especial contra la pobreza y la exclusión social.