Agustín GOIKOETXEA | BILBO

El Gobierno Azkuna dispone ya de 19,4 millones de euros del remanente de tesorería para afrontar dos operaciones de crédito adicional con las que saldar parte de las deudas derivadas del traslado de Iberdrola a la torre de Abandoibarra y de la expropiación de un terreno a Iparlat que posibilite en el futuro la construcción de la variante de Errekalde, que eliminará el paso de la A-8 sobre el barrio.

Ambas propuestas fueron aprobadas ayer en un pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno defendió la solvencia financiera del Consistorio a cuenta de aminorar el patrimonio del que dispone, mientras la oposición insistió en que «el mito de la deuda cero» es un eslogan que no se sostiene, ya que la institución sí debe y se aventuran 28 asuntos que están en los tribunales que podrían acarrear nuevos desembolsos.

«Este Ayuntamiento tiene músculo financiero suficiente para atender sus obligaciones y compromisos sin necesidad de endeudarse», argumentó el alcalde en funciones, Ibon Areso, a quien la portavoz de Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, invitó a efectuar una auditoría externa. Antes, Alfonso Gil (PSE) aseguró que, en 2015, el próximo equipo de Gobierno se va a encontrar con una deuda de aproximadamente 100 millones de euros por operaciones como las del traslado de Iberdrola, Iparlat o el BEC, a lo que Areso le contestó que la participación de Bilbo en la sociedad que gestiona el recinto ferial baracaldés es «solo del 0,86% y disminuyendo».

Bildu fue el único grupo que se opuso a la habilitación de un crédito por 12,58 millones de euros para ir saldando la deuda con Bilbao Ría 2000 a raíz de que el exceso de aprovechamiento que se otorgó a Iberdrola en su antigua sede permitiese a la multinacional desembolsar 20 millones menos en el solar donde construyó la torre. Su portavoz acusó a los jeltzales de «trato de favor» hacia la eléctrica, que ha derivado en «una operación ruinosa para las arcas municipales».

Areso negó esas acusaciones. «No ha habido favores a Iberdrola ni a Bilbao Ría 2000», dijo, antes de atreverse a añadir que el convenio fue «un chollo» porque se retrasó el abono de los 20 millones de euros que le correspondían a la eléctrica por el exceso de aprovechamiento del solar de Gardoqui pero «con la crisis inmobiliaria ha pasado lo que ha pasado». El alcalde en funciones y delegado de Urbanismo afirmó que no disponían de ninguna contraprestación para negociar con la multinacional, respondiendo así a las críticas del grupo soberanista.

Ibaibarriaga manifestó que el Ayuntamiento no puso más que facilidades y eso se traduce en que antes de 2015 se tendrán que desembolsar 25,5 millones, sin que nadie en el equipo de Gobierno jeltzale haga autocrítica y se trate de solventar el asunto a mediados de julio, en pleno periodo vacacional para muchos, para que su transcendencia pública sea menor.

Repercusión en las cuentas

Tampoco PP y PSE, que respaldaron el convenio en 2005 y ayer avalaron el crédito de 12,5 millones para afrontar la indemnización por la devaluación de las unidades de aprovechamiento, negaron las repercusiones negativas que puede tener la operación de la torre en la economía de la institución. Cristina Ruiz (PP) reconoció que ese dinero que hay que pagar a Ría 2000 «condiciona, y mucho, las cuentas del Ayuntamiento, pero hay que hacerlas frente», aunque confesó que servicios o programas municipales podrán sufrir «algún detrimento».

Gil se quejó de que, en el asunto del rascacielos, el Consistorio se quedó solo después de que en 2003 el nuevo diputado general, José Luis Bilbao, decidiera aparcar el proyecto de su antecesor, Josu Bergara, de concentrar en la torre varios departamentos y sociedades forales. «José Luis Bilbao nos dejó absolutamente tirados», subrayó.

No obtuvo tanto apoyo la aprobación de otro crédito de 6,8 millones de euros para pagar a Iparlat por la expropiación de un terreno que se vería afectado por el trazado de la variante de Errekalde. PP y Bildu se abstuvieron por distintos motivos mientras PNV y PSE lo apoyaron. Cristina Ruiz lo justificó por que se está negociando aún con los antiguos propietarios el justiprecio, por lo que preferían no  otorgar su respaldo. Ibaibarriaga también reclamó más información sobre esas gestiones, además de que el Ayuntamiento se comprometa a acometer esa infraestructura viaria reivindicada por el barrio de Errekalde.

Areso confesó que es una «incógnita» si se podrá construir finalmente esa variante, aunque aclaró que, en el caso de que no se haga, el Consistorio optaría por la recalificación del terreno para «recuperar» así su inversión. «Hay que dejarlo guardado y previsto para que se pueda hacer», explicó el alcalde en funciones. Gil acusó al PNV de saber desde hace tiempo de este asunto y de haberlo ocultado.