La presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, presentó ayer como una victoria la decisión del teniente fiscal del Tribunal Supremo español, Antonio Narváez, de solicitar que no se abra causa en su contra por el cobro de dietas irregulares en la CAN al no apreciar «indicios racionales de criminalidad». No obstante, el posicionamiento de la Fiscalía no conlleva un carácter definitivo, ya que son cinco jueces del Supremo quienes deberán decidir si la causa iniciada en Iruñea por la juez María Paz Benito sigue adelante o no.

La actitud favorable a Barcina tampoco es algo novedoso, ya que durante la tramitación de la causa en Iruñea la Fiscalía ha mantenido una posición más favorable a la presidenta de UPN que la que hubiera correspondido a un acusador público. De hecho, la juez Benito continuó tramitando la causa a pesar de la opinión del fiscal.

Benito se encontró con el obstáculo de que no podía seguir investigando debido a que Barcina era aforada y, por tanto, su caso debía ser trasladado al Supremo. Durante la instrucción en Iruñea sí que imputó al expresidente del Gobierno navarro Miguel Sanz; al alcalde de la capital, Enrique Maya; al exconsejero de Economía Álvaro Miranda; y a Enrique Goñi, el que fuera director general de la CAN.

La clave de la cuestión está en determinar si el cobro de las dietas irregulares por parte de Barcina se hizo como consecuencia de su cargo público, lo que supondría un delito de cohecho impropio. Es lo que defiende la juez Benito cuando envía la causa al Supremo. El fiscal Narváez, en cambio, estima que sus funciones en la dirección de la CAN no correspondían a una actuación como cargos públicos. Los cinco jueces del Supremo deberán decidir quién de los dos tiene razón y si Barcina debe ser enjuiciada o no.

La decisión puede estar al caer. Podría darse a conocer antes de que acabe el mes de julio. Si no, habría que esperar a que termine agosto, que es inhábil, y el futuro de Barcina se dilucidaría en setiembre.

La presidenta navarra, que acudió ayer a visitar una fábrica de automoción en Tutera, dijo que espera que «lo antes posible la Justicia se pueda pronunciar para que se ponga de manifiesto mi honorabilidad y que se haga justicia». Añadió que está tranquila y que confía en la Justicia: «Al final se pondrá de manifiesto la verdad».

«Es un momento de tranquilidad para seguir trabajando por los verdaderos problemas que tenemos en nuestra comunidad, la actividad económica, el empleo», indicó Barcina, quien, en una entrevista en Onda Cero, insistió en pedir al PSN que «vuelva a la senda de los acuerdos con UPN para lograr una estabilidad institucional que fortalezca la economía y que, además, sirva de dique contra los nacionalismos que no respetan la identidad de Navarra».

El secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, respondió que, pese a la decisión del fiscal, la situación de Barcina «sigue siendo la misma, la de un Gobierno débil, paralizado y en minoría parlamentaria».