Mariano Rajoy eligió la rueda de prensa posterior a su encuentro con el primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta, para informar de que en las próximas semanas comparecerá en el Congreso para dar su versión sobre el «caso Bárcenas», que está lastrando la imagen pública de su partido y que afecta personalmente al propio presidente español, uno de los señalados por el extesorero del PP. Tras hacer el anuncio, a preguntas de un periodista rumano, optó por no dar más explicaciones.

Planeaba sobre este asunto la posibilidad de que Rajoy fuera sometido a una moción de censura en caso de que no compareciera en el hemiciclo, pero seguramente en la decisión final ha pesado más la imagen exterior que está proyectando el Estado -dos importantes medios de ámbito internacional han editorializado sobre este tema en los últimos días- justo cuando el Gobierno está tratando de vender un cambio de tendencia en los datos macroeconómicos, que una eventual propuesta revocatoria. Alfredo Pérez Rubalcaba, que se vio obligado a lanzar la amenaza cuando se difundieron los mensajes entre el mandatario y Bárcenas, seguramente respiró ayer más aliviado que su contrincante.

Y es que estamos asistiendo a un vodevil en el que la superchería juega un papel importante. En el PP, los mismos que se rasgan las vestiduras en defensa de su cuerpo directivo, presente y pasado, no ocultan su zozobra cuando se apagan los micrófonos, y Rajoy, que aparenta tranquilidad cuando no le queda más remedio que comparecer ante los medios, evita mentar el nombre de su examigo con una puerilidad impropia de un presidente. Pero también hay mucho de farsa en la actitud del PSOE, azotado por sus corruptelas y sin liderazgo, que preferiría que el Ejecutivo se fuera macerando a golpe de crisis y evitar un debate en el que saldría igual de mal retratado que el partido gobernante. Impostura y corrupción van de la mano en Madrid.