El gerente del Foro Marítimo Vasco, Javier López de Lacalle, demanda al Gobierno español medidas de apoyo para la contratación de nuevos buques para los astilleros vascos. A su juicio, «ya se verá si es necesario recurrir la decisión de la Comisión Europea una vez que hayamos analizado la sentencia en todos sus términos, ya que todavía no se ha hecho público el texto final de la misma», señaló, mientras en la reunión celebrada en Madrid entre Gobierno y Comunidades Autonómicas se daba luz verde al recurso.

Después del «terremoto» que supuso la decisión de la Comisión Europea para que se devuelvan las ayudas fiscales que obtuvieron los inversores, López de Lacalle afirmó que «desde 2007 son todavía casi 200 de 247 los barcos que han sido financiados con el tax lease, declarado ilegal por Bruselas». Por lo que, aunque se desconoce qué cantidad económica se debe devolver, será «un montante importante», porque el total de las ayudas ilegales sumaron 3.000 millones en un principio, pero «esa cantidad se reduce» al retrasar Joaquín Almunia el plazo de la devolución a 2007.

18 barcos perdidos

Para él, en este proceso se han producido cambios importantes. «Primero se dijo que tendrían que responder de las ayudas los astilleros y los armadores», pero «al final ha quedado que esa devolución la tendrán que hacer los inversores».

La otra cuestión que destaca el responsable del Foro Marítimo Vasco es que se ha recortado el periodo considerado ilegal, al pasar de 2005 a 2007. No obstante, advirtió de la necesidad de «fijar un escenario de seguridad» para mantener los astilleros vascos «en pleno rendimiento». Para ello, propuso «una nueva estructura de financiación para echar a andar». Porque, según dijo a GARA, en este periodo de dos años y medio en el que ha estado circulando la demanda de Bruselas por las ayudas ilegales «se ha perdido la construcción de 18 buques. No podemos esperar más. Nuestro futuro pasa por construir, que es lo que aporta riqueza y empleo a Euskadi».

A su juicio, el sistema que se debe utilizar es el de «amortización acelerada para bienes de equipo» que, aunque permite entrar en esta fórmula a todos los sectores, «a nosotros nos vendría bien». Con este nuevo sistema, se conseguiría «una reducción del coste del barco entre el 12% y el 15%», cantidad alejada de entre el 20% y el 30% del tax lease considerado ilegal y que, de todas manera, «tampoco permitía competir con los astilleros del sureste asiático».

Desde el astillero de La Naval en Sestao se reclamó ayer mismo que «el Gobierno español tiene que poner encima de la mesa una solución directa para que se contraten nuevos buques, porque el sector no puede estar parado».

«Diligencia»

Estas declaraciones las realizó un responsable del CAT de Sestao que reconoció que «no hemos sido invitados a la reunión de Madrid». Tampoco ELA lo fue, como confirmaron desde el sindicato. Sin embargo, ayer por la mañana CCOO en un encuentro entre delegados del sector naval en Bilbo recordó que existía unidad de acción. El responsable del sector naval de la Federación de Industria de CCOO, Ramón Sarmiento, exigió «diligencia» al Ministerio de Hacienda en la gestión de la resolución de la Comisión Europea que obliga a la devolución de ayudas al sector naval «con el fin de procurar la recuperación de la seguridad jurídica y la confianza de inversores y armadores».

Advirtió de que han desaparecido seis astilleros en Catalunya, Valencia, Andalucía, Asturias y Galicia en este tiempo. «No queremos que se sigan generando cadáveres», apostilló.