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Ainara Lertxundi Periodista

Declaraciones arriesgadas

En noviembre de 2012 y pocas semanas después de constituirse formalmente la mesa de diálogo con las FARC, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, admitió que es el momento de tomar «decisiones complejas» si se quiere lograr el fin del conflicto. Un mensaje repetido en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de estos meses. La pasada semana, en una solemne ceremonia celebrada en la Casa Nariño, sede del Gobierno, Santos recibió un duro informe sobre las consecuencias de ese conflicto, resultado de seis años de investigaciones. Los datos y testimonios recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica son escalofriantes, muestra de que el diálogo político es prácticamente una utopía en un país con, al menos, 220.000 muertos en los últimos 54 años y poblaciones enteras marcadas por las masacres, las desapariciones forzadas, la tortura, la violencia sexual, los campos minados, los secuestros o las ejecuciones en masa. Por grupos paramilitares que han llegado a utilizar hornos crematorios e incluso animales salvajes para hacer desaparecer a sus víctimas, y han sembrado los campos de fosas de comunes y de temor, con la connivencia y colaboración del Ejército colombiano.

Santos recibió este informe frente a una nutrida representación de víctimas, admitiendo que su lectura sería «dolorosa, pero necesaria». Y por primera vez, un presidente colombiano admitió el Estado es responsable «por omisión, en algunos casos, y en otros por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario».

Algunos pueden creer que se trata de una declaración vacía que responde a un guión establecido de antemano, a un mero lavado de imagen. Sea como fuere, se trata de un gesto poco habitual en un gobernante que en su etapa de ministro de Defensa, junto al presidente Alvaro Uribe, mostró su cara más guerrerista. Hasta el no menos guerrerista Benjamin Netanyahu ha admitido que un primer ministro debe tomar «decisiones difíciles» en pro de una salida dialogada.

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