Sustrai valoró ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara ilegales todas las obras del TAV en Nafarroa. Los abogados de esta fundación han conseguido que la declaración de impacto ambiental (DIA) que se realizó para comenzar con el proyecto se declare inválida y, por tanto, toda la obra realizada queda en una situación irregular. Sustrai recuerda que informó previamente al Gobierno navarro de esta ilegalidad y, por ello, exige la dimisión, «al menos», del actual consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, por seguir adelante de forma fraudulenta.

Una DIA es indispensable para acometer las obras y es uno de los primeros pasos que se dan. Sin una DIA válida, todas las acciones posteriores quedan al margen de la ley. «La gente piensa que la declaración de impacto ambiental tiene que ver con los arbolitos. Pero no es eso. Una DIA incluye la valoración del impacto socioecónomico de la infraestructura. Dentro de ese estudio se valora incluso la alternativa cero, es decir, dejar la obra sin hacer y destinar el dinero a otros fines. De ahí que sean tan importantes. Por ejemplo, si la gente no tiene para comer, no tiene sentido hacer un tren», explicaba ayer a GARA Eduardo Santos, abogado de Sustrai.

La sentencia del TSJM no es firme. Por tanto, aunque Sustrai exigió ayer la paralización inmediata de las obras, el Gobierno navarro puede continuar con ellas. Eso sí, lo hará por su cuenta y riesgo, aunque con dinero público, puesto que todas las concesiones realizadas pueden acabar siendo nulas, lo que supondría a posteriori indemnizaciones multimillonarias para las constructoras. «

Oficialmente, y remarco lo de oficialmente, las concesiones que se han dado hasta ahora son pocas», explicaba ayer Pablo Lorente, portavoz de Sustrai, que defiende que se está en una fase muy temprana del proyecto y que la situación es reversible. Lorente remarca que sus avisos han tenido como objeto que la ilegalidad de las obras no acabe siendo un nuevo lastre para las arcas públicas.

En vilo hasta setiembre

Si el Estado recurre, la sentencia del Supremo podría tardar unos tres años. Idoia Zulet, abogada de Sustrai, cree que habrá recurso. Según explica, es la primera vez que se declara una DIA nula a la Administración Pública, algo que hasta ahora solo se había fallado contra empresas privadas. «Se le ha dicho al Estado que no puede hacer lo que le dé la gana. Si dejan que esta sentencia devenga en firme, se pueden encontrar con demandas en cascada», afirma Zulet. El plazo para presentar este recurso expirará, finalmente, en setiembre, porque agosto es inhábil. En caso de que se obligue al Supremo a pronunciarse, Sustrai podría solicitar la suspensión cautelar de las obras.

Las DIA tienen una caducidad de cinco años. Si en ese plazo las obras no comienzan, la declaración de impacto queda anulada automáticamente y no se puede «resucitar», según Zulet. Por ello, la nulidad no solo supone un parón hasta que se renueve la DIA, sino que convierte en ilegal todo lo realizado. Si Nafarroa decide continuar, lo hará con una enorme inseguridad jurídica y UPN dejará el futuro económico del herrialde en manos de una resolución judicial.