Los ministerios argentinos de Justicia, Defensa y Salud firmaron un convenio por el cual revisarán los antecedentes médicos de todos los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales militares y así evitar situaciones como la ocurrida la semana pasada con los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, tras recibir permiso para ser atendidos en Dermatología y Siquiatría.

La medida, publicada el martes en el Boletín oficial, alcanza a todos aquellos que sean o hayan sido militares y establece que todo requerimiento de carácter judicial de internación o asistencia médica deberá comunicarse «inmediatamente» a Defensa, bajo amenaza de sanción.