El caso uruguayo no es más que una muestra del cambio de paradigma que aflora desde las bases sociales con respecto a las drogas en Latinoamérica y el resquebrajamiento de una moral hipócrita que buscó tapar el debate por décadas.

Una militancia cannábica cada vez más decidida a enfrentar el discurso (hasta hace poco) hegemónico logró instalar el tema en las grandes empresas mediáticas, que en muchos casos dejaron de condenar con saña a los políticos que plantean abrir la discusión.

Tal vez el caso más emblemático, hasta que en Uruguay sea legal el consumo, es Argentina. En 2009, la Corte Suprema falló por la inconstitucionalidad de las detenciones policiales por «tenencia de estupefacientes para consumo personal», algo que la ley sancionaba, provocando miles de personas detenidas al año (procesos penales que ahora por esta nueva jurisprudencia están cerrándose).

El fallo del supremo tribunal argentino implicó que además de no ser punible el consumo tampoco lo era la tenencia de dosis menores en tanto fueran para consumo personal y privado, mientras que la penalización prosigue para el tráfico.

El cambio social fue notable: el fallo ayudó a derribar ciertos prejuicios y muchas personalidades de la política, el espectáculo y el arte hicieron público su gusto por fumar marihuana y hasta expusieron en Twitter fotos de las plantas que cultivaban en sus patios.

Un ejemplo de los nuevos tiempos es la Revista THC, que se autodenomina de «cultura cannábica». Creada en 2006 en Buenos Aires, hoy registra más de 30.000 lectores y muchas veces en su cobertura figuran personajes famosos que sin tapujos expresan su gusto por la marihuana y la legalización.

Difícil hallar una metrópoli en el mundo como Buenos Aires en la que sea tan común encontrar gente -en su mayoría hombres y menores de 40 años- fumando en la calle un «faso», denominación que casi ha reemplazado a la de «porro». Para cualquier turista el desafío podría ser pasar más de dos días sin ver a alguien consumiendo en la calle, especialmente en los barrios más bohemios como Palermo y San Telmo.

Pero Argentina no está sola. En países como Brasil rige una ley aprobada en 2006 en la que se suavizaron al máximo las penas para los consumidores. Y actualmente, la Comisión Brasileña sobre Drogas y Democracia lanzó una campaña en la que pretende recoger un millón de firmas para apoyar un proyecto que cambie la ley para distinguir en forma clara entre usuarios y traficantes.

El otro gigante latinoamericano, México, brega entre la presión de Estados Unidos y la violencia del narcotráfico y una juventud cada vez más progresista que perfora el tradicional conservadurismo azteca. Una novedad fue que 65 diputados del Congreso de ese país enviaron el viernes pasado una carta al Parlamento uruguayo para expresar su respaldo al proyecto de legalización.

Hasta la OEA llamó en mayo pasado a los países del hemisferio a debatir una posible legalización parcial de las drogas como una forma más eficaz para combatir el narcotráfico. En el heterogéneo subcontinente, Centroamérica, Chile, Colombia y Venezuela aparecen como los más proclives a perpetuar la rigidez legal pese a los nuevos vientos que corren.