«GHK es totalmente competente para decidir la anulación del proyecto de la incineradora de Zubieta desde el momento en que es el promotor de la obra». Así de tajante se expresó ayer Ainhoa Intxaurrandieta al valorar la comunicación que envió el día anterior el Gobierno de Iñigo Urkullu, en la que afirma que la autorización ambiental integrada (AAI) que se concedió en 2010 al proyecto de incineradora de Gipuzkoa sigue vigente.

En declaraciones realizadas ayer, la presidenta del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) recordó que la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación dicta que tanto el Departamento de Medio Ambiente de Lakua como el promotor de las obras tienen competencia para paralizar la ejecu- ción de las obras «en el caso de detectar cambios sustanciales».

«Por tanto -añadió-, las obras de la incineradora de Zubieta están suspendidas. Es más, GHK, sigue dando pasos para conseguir la total nulidad de la obra». Objetivo que ya explicitó el Consejo de Administración de GHK el pasado 17 de julio durante la rueda de prensa que organizó en el mismo lugar donde estaba previsto levantar la planta incineradora.

No negó Intxaurrandieta que la autorización ambiental esté en vigor, como afirma el departamento que dirige la consejera Ana Oregi, pero incidió en que «lo que evidentemente no está en vigor, y no puede estarlo sin incurrir en ilegalidades, es el proyecto que se pretendía ejecutar en Zubieta, porque incumple las condiciones exigidas exactamente por la AAI. Volvemos a reiterar que el proyecto que se autorizó no fue el que se licitó. Y más todavía, la obra que se pretendía construir no era la que contó con la aprobación de las Juntas Generales de Gipuzkoa». Como conclusión, dijo que esta «era una obra ilegal, ilegítima, contaminante y peligrosa».

Sin planta para las cenizas

En lo que coinciden Lakua y GHK es que del proyecto inicial han desaparecido elementos como las plantas de tratamiento de escorias y de cenizas tóxicas. Pero mientras para el segundo estas son modificaciones fundamentales, para el primero no deja de ser un tema menor.

El escrito de Oregi, según se recogía ayer en algunos medios, justifica esos cambios alegando que «esta es la práctica habitual, consecuencia lógica de la mayor concreción que se va alcanzando en el proceso de continuo diseño de la instalación hasta su definición final». Al mismo tiempo, reprocha a GHK que «en ningún momento se ha remitido a este órgano ambiental un análisis riguroso en el que se haya considerado la mayor incidencia de la modificación proyectada sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente».

Intxaurrandieta replicó que lo que resulta «preocupante» es que la institución que otorgó la autorización ambiental «no haya controlado ni fiscalizado la obra para ver si cumple lo exigido, máxime cuando se trata de una incineradora».