Un tribunal brasileño aplicó ayer una dura condena de 624 años de prisión a 25 policías, por haber cometido en 1992 el grueso de la matanza de 111 reclusos en la cárcel de Carandirú, un episodio considerado como el mayor ejemplo de la impunidad del sistema judicial del país.

Los policías fueron hallados culpables del «asesinato» de 52 internos que participaban en un motín, en esta segunda fase del juicio, que ha contado con cinco sesiones. El juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo también ordenó que nueve de los 25 policías, que siguen en activo, sean apartados de sus cargos.

Estas condenas se suman a las de la primera fase del juicio, celebrada en abril, en la que 23 agentes fueron hallados culpables de trece «asesinatos», que les acarrearon penas de 156 años de reclusión a cada uno.

Los condenados tienen derecho a recurrir y en ningún caso pasarán más de 30 años en prisión, pues esa es la mayor pena prevista en el Código Penal brasileño.

En esta fase del juicio, el fiscal volvió a reconstruir paso a paso la ofensiva de la Policía, que según los informes forenses, acribilló a los internos en sus celdas y en los pasillos, con decenas de disparos por cada víctima y en muchos casos, con tiros de gracia en la cabeza.

La abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, dijo que es imposible atribuir responsabilidades individuales por falta de pruebas y por la mala calidad de los informes forenses de la época.

La masacre ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando la Policía trató de aplacar un motín en el pabellón 9 de la entonces mayor cárcel del país, donde se apiñaban 2.700 internos, algunos de ellos detenidos a la espera de juicio. El presidio, insalubre y abarrotado, era considerado por las organizaciones humanitarias como el mejor ejemplo de las deficiencias del sistema penitenciario brasileño, que dos décadas después sigue adoleciendo de los mismos males.

El ataque fue dirigido por el coronel Ubiratán Guimarães, que fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca llegó a ingresar en prisión y acabó siendo absuelto en una apelación celebrada meses antes de su fallecimiento, en 2006. El tribunal de apelación consideró que Guimarães actuó dentro de sus responsabilidades y siguiendo órdenes de sus superiores, que nunca se han sentado en el banquillo por la matanza.