El Gobierno de Honduras ha abandonado de manera efectiva su responsabilidad de rehabilitar a los presos y ha dejado las cárceles en manos de los reclusos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que describe el sistema penitenciario hondureño como «deshumanizado, paupérrimo y corrupto», con cárceles «totalmente contrarias a la dignidad humana». En Honduras, donde las cárceles son consideradas «universidades del crimen» y una especie de bomba de tiempo por el alto grado de inseguridad que impera en la mayoría de las 24 prisiones que conforman el sistema penitenciario. El vicepresidente hondureño, Víctor Hugo Barnica, reconoció que «es cierto», pero que «no todo es culpa del Gobierno».

En la presentación del documento, la CIDH consideró «imprescindible» que las autoridades del Estado «reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda» del sistema carcelario.

El informe subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas, ya que se crean comités de presos que ponen normas y castigos, y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.

Enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos por delitos.

En una primera reacción, el encargado de Prisiones, el excomisionado policial Simeón Flores, dijo que el texto contiene conceptos conocidos que no se pueden solucionar por falta de recursos.

El trabajo fue elaborado por una misión que visitó Honduras en abril de 2012, dos meses del incendio del penal de Comayagua, en el que murieron 362 reclusos.