Los conflictos ambientales han sido siempre consecuencia de un mismo modus operandi: un lobby empresarial impulsa un proyecto en connivencia con los partidos que gestionan la Administración, que actúan como si fueran meras subcontratas del lobby (y, tras los escándalos que han salido a la luz, no cabe duda de que con frecuencia simplemente lo son). El proyecto -da lo mismo un pantano que una central nuclear- enseguida es clasificado como «estratégico» y los medios afines se apresuran a subrayar que es «imprescindible para el desarrollo económico» (en realidad, poco menos que para evitar el caos) y, por tanto, para generar los puestos de trabajo que tanto necesitamos (naturalmente, nunca se nos dice cuántos se podrían crear invirtiendo ese mismo dinero, que mayoritariamente suele ser público, en otro tipo de proyectos). Añaden que el respeto al medio ambiente será exquisito y la seguridad de las personas, total. Si se alzan voces críticas, se ningunean, que sin altavoces mediáticos tampoco es fácil hacerse oír más allá del círculo más cercano. Pero en este país hay más «gente difícil» de la que muchos quisieran. Si esa gente se empeña en decir que el emperador está desnudo y, a pesar del ninguneo, es capaz de obtener el suficiente eco social, el conflicto está servido.

Lo sucedido en torno a las basuras en Gipuzkoa encaja en este patrón, con la particularidad de que, incluso cuando el PNV se sabía ya fuera de la Diputación, dio pasos para que la incineradora fuese irreversible, pasos que terminarán costándonos caro a los ciudadanos, porque Bildu -y en esto no nos cuesta nada reconocer que está cumpliendo sus compromisos- no ha sucumbido a la tentación de mirar para otro lado.

Ahora bien, Bildu, apremiado por las circunstancias (parar la incineradora requiere dar pasos decididos hacia un tratamiento alternativo de los residuos) y quizá excesivamente confiado por sus resultados electorales, quiso dar un golpe de autoridad y anunció la implantación del puerta a puerta en 34 municipios, algo que muchos han percibido como una imposición.

Como consecuencia, el conflicto ha derivado por senderos nada convencionales. Lo más llamativo es que han proliferado consultas ciudadanas contra el PaP. Llamativo al menos por dos cuestiones. La primera, la abundancia de consultas, cuando este método de resolución de conflictos no sólo ha sido poco utilizado hasta ahora en nuestro país, sino que, con frecuencia, ha sido prohibido e incluso criminalizado. La segunda es que precisamente los partidos que lo han prohibido o criminalizado apoyan las consultas contra el PaP y pretenden hacernos ver que son la quintaesencia de la democracia.

Recordemos, sin ánimo de ser exhaustivos, su actitud ante las propuestas de referéndum sobre Lemoiz o Leitzaran. Recordemos cómo las conclusiones de los Núcleos de Intervención Participativa, contrarias a la construcción de la Eibar-Gasteiz, fueron ignoradas (y la deuda de Bidegi da testimonio de las consecuencias). Recordemos la consulta sobre la térmica de Boroa o la que el entonces alcalde de Donostia, Odón Elorza, comprometió sobre Ilunbe sin que se llegara a celebrar (por cierto, aquella plaza que no iba a costar un duro a los donostiarras les ha abierto un agujero morrocotudo en el bolsillo).

Mención aparte merece el TAV. Atxondo, 2007: el Ayuntamiento (PNV) se opuso a su celebración; Aramaio, 2007: el alcalde, acusado de promover la consulta, tuvo que enfrentarse a una petición fiscal de 9 años; Anoeta, 2007: prohibida por el delegado del Gobierno; Legorreta, 2009: el 34% del censo rechazó el TAV, a pesar de lo cual, el resultado fue ignorado; Irurtzun, 2010: el Consejo de Ministros denegó el permiso. Incluso hoy que sabemos que ese tren no va a ninguna parte, los mismos partidos que defienden las consultas contra el PaP niegan cualquier posibilidad de que los ciudadanos opinemos directamente sobre él.

No quisiéramos aburrir con una especie de genealogía de las consultas ambientales en este país (por no hablar de otras, como las relacionadas con las desanexiones), pero es que, en lo que específicamente a las basuras respecta, también en Gipuzkoa tenemos antecedentes. En 2004, Zestoa, ante la posibilidad de que se construyera la incineradora en su término, convocó una consulta que la Diputación (PNV) calificó como «perversión democrática». También en 2004, en Txingudi se recogieron 26.000 firmas contra la incineradora que PSOE y PNV querían construir en la comarca. Como fueron ignoradas, los opositores aprovecharon que en febrero de 2005 había elecciones para testar la opinión social. Se prohibió la consulta, a pesar de lo cual esta se hizo a pie de calle. Participaron 16.000 personas, el 86% de las cuales rechazó la incineradora. En 2007, el 63% de los zubietarras pasó por las urnas para rechazar la incineradora; solo hubo un voto favorable. En 2008 se presentó en el Parlamento Vasco una ILP respaldada por 35.000 firmas solicitando una Ley de Residuos. Los partidos del «régimen» se la «cepillaron» en apenas dos minutos.

En resumen: sólo las consultas que interesan al «régimen» y planteadas en los términos que él decide (pregunta falaz, letra pequeña deliberadamente no explicitada, voto delegado sin garantías...) pueden considerarse expresión de la opinión ciudadana. ¿El resto? «Perversiones democráticas».

Quede claro que nosotros estamos a favor de que los ciudadanos expresen su opinión como lo consideren oportuno, sea a través de firmas, manifestaciones o consultas. Pero nos molesta que los del «régimen» piensen que nos imponen sus proyectos no solo porque pueden, sino porque los demás nos chupamos el dedo y somos bobos.

El conflicto de los residuos en Gipuzkoa se ha enquistado. Los proincineradores impusieron su proyecto. Bildu ha contraatacado de una manera que parte de la ciudadanía percibe como una imposición. No tenemos recetas mágicas y, tal y como están las cosas, a lo mejor suena ingenuo lo que vamos a decir, pero consideramos imprescindible no desdeñar la menor ocasión de debatir, explicar y hacer pedagogía. Los guipuzcoanos tienen en general un alto nivel de conciencia ambiental y social, con independencia de que voten a tal o cual partido o no voten. No nos cabe duda de que la mayoría es consciente de que no reciclar conlleva malgastar materiales, contaminar -en perjuicio de la naturaleza y de nuestra salud- e incrementar los gastos de tratamiento de los residuos. Así las cosas, nos parece obvio que la pregunta clave para empezar a desenredar la madeja del conflicto no es «¿PaP o quinto contendor?». La pregunta clave es: ¿Participar en la recogida selectiva debe ser un acto voluntario o es responsabilidad de todos? Y unida a esta, otra: ¿Es lícito que a quien no quiere reciclar le salga gratis ese ejercicio de «libertad»? Si nos ponemos de acuerdo en que reciclar debe ser obligación de todos, la discusión sobre el sistema de recogida será lo de menos y la incineración no tendrá sentido.