El 16 de mayo de 2013, y en la sede parlamentaria vascongada, España intentó desnaturalizar a los presos. A instancia de los constitucionalistas, y con la necesaria complicidad del PNV, prohibía calificar como políticos a los activistas vascos encarcelados.

Es costumbre socorrida de los agresores desfigurar por decreto los perfiles identitarios de quienes sufren su agresión. Corría el año 1200 y la Navarra Occidental había quedado anexionada por la fuerza al reino de Castilla. Las gentes desmembradas seguían sintiéndose navarras, pero no podían decirlo públicamente so pena de rigurosas sanciones; así lo dictaba la voluntad de su nuevo monarca. Desde 1512 incontables leyes han dictado que el castellano es nuestra lengua natural. Felipe II publicó un decreto en 1573 prohibiendo que se denominara conquista a lo que estaba sucediendo en tierras americanas. Jose María de Areilza proclamó en 1937 que nuestra patria ya no existía. Leyes metropolitanas determinan cuál es la bandera que debemos exhibir o la que tenemos que retirar. Y los letrados del virrey Urquijo prohíben al pueblo de Laudio que aprecie a Pablo Gorostiaga.

El acuerdo de mayo -lo mismo que el de Laudio- es un disparatado ejercicio de prepotencia colonial: intentos de abolir por ley convicciones personales y estimas colectivas; el gesto enrabietado de una nación decrépita que se siente malquerida por estas tierras; otro traumático e innecesario recordatorio de que España quiere seguir teniendo la última palabra. Hay otra razón que subyace a tan grotescas medidas: quienes apostaron por la falsa transición y abrazaron una Constitución que no nos constituye no pueden consentir la existencia de presos políticos. Su existencia (¡aunque se tratase de una sola persona!) cuestiona el actual modelo de estado y el falso andamiaje en el que se sustenta; implica asumir la pervivencia de un conflicto político pendiente y demanda cambios sustanciales. Quienes intentaron negar a los presos su identidad política incurrieron en contradicción gruesa: es el Estado quien trata a los reclusos no como delincuentes comunes sino como sediciosos políticos.

Aquel bodrio legislativo y el esperpento de Laudio son tan crueles como vanos y tan mezquinos como inútiles. Los conquistadores no escarmientan. La abnegada militancia que asumieron las personas exiladas o presas las hace acreedoras de un amplio reconocimiento social. Nada que ver con el repudio colectivo que concitan muchos promotores de las inercias represivas, hoy marcados con la sospecha de la corrupción. En estos meses estivales, el movimiento a favor de los represaliados ha mantenido viva su actividad: playas y plazas, puertas de hospitales y espacios festivos, concentraciones o sesiones del herri epaiketa proyectan un mismo mensaje: los supuestos desnaturalizados sufren las consecuencias de un conflicto político pendiente. El paisanaje -con buen criterio y firme decisión- está desairando a ciertas instituciones (ellas sí, desnaturalizadas) que intentan borrar las convicciones del pueblo al que deberían representar.