El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV) asume implícitamente que la política penitenciaria respecto a las presas y presos políticos vascos está condicionada por decisiones políticas, y no estrictamente jurídicas, si bien en sus declaraciones carga sobre ETA la responsabilidad de que no haya cambios en la estrategia que mantiene el Estado.

Juan Calparsoro afirmó ayer, en declaraciones a Europa Press, que «la solución» para todos los presos sería «el reconocimiento de la injusticia», «el arrepentimiento» y «el sometimiento» a las medidas previstas en la legislación penitenciaria. En este contexto, remarcó que ésta es una condición no solo para «los presos de ETA», sino también para «cualquier otro».

Dio por hecho que «se está demostrando» que la denominada «vía Nanclares» es «la adecuada» y que «está teniendo su resultado», como demostraría el hecho de que Joseba Urrusolo Sistiaga esté consiguiendo permisos para salir de prisión. No obstante, recordó que «parece que es una vía que no se acepta por la mayoría del colectivo de presos de ETA».

A continuación, señaló que es «una injusticia y, además, un error» que ETA «no permita» a los presos «acogerse a las vías para la reinserción». Y llegado a este punto, comentó que el hecho de que ETA «no inicie un proceso de disolución y desarme es un obstáculo para la reinserción y la mejora de la condición penitenciaria de los presos condenados por terrorismo». «Es una realidad objetiva», manifestó.

Eludiendo la polémica

También hizo referencia a la polémica surgida por las declaraciones de Mari Mar Blanco, presidenta de la FVT, después de que dijera que deseaba la muerte de Iosu Uribetxeberria y que decenas de víctimas hayan pedido su dimisión por ello. Pero Calparsoro eludió entrar directamente a ese rifirrafe desviando el tema, ya que indicó que «es normal que todavía exista en la sociedad la sensación de asco» frente al secuestro del carcelero José Antonio Ortega Lara, por el que fue condenado el preso de Arrasate. «Entiendo la polémica que se ha generado. Otra cosa es que las autoridades judiciales, en este caso, tienen que aplicar la ley de acuerdo con los principios que rige el ordenamiento jurídico», apuntó.

Y analizó también la posición de EH Bildu, sobre la que dijo que ha hecho «mucho» porque «se ha incorporado a las instituciones y ha renunciado a apoyar la violencia terrorista o a justificarla», aunque, en su opinión, «le falta el reconocimiento del daño causado por ETA».