El sindicato policial SPPME ha interpuesto contra el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, el jefe de la Policía Municipal, Simón Santamaría, una decena de mandos policiales y una letrada, una denuncia judicial en la que se describen vejaciones, castigos arbitrarios, abusos laborales y otra serie de actuaciones ilícitas e irregulares que según los denunciantes han vuelto irrespirable el ambiente en el seno de ese cuerpo, donde las bajas por estrés y depresión están a la orden del día. En el caso del primer edil las acusaciones, siendo graves y que podrían acarrear consecuencias penales, están fundadas en su permisividad respecto al modo en que el hombre fuerte de la policía iruindarra actúa con sus subordinados, algunos de los cuales han sufrido un calvario.

Y es que, de la mano de Yolanda Barcina, Santamaría se ha hecho en los últimos años con el control absoluto de la Policía Municipal de Iruñea, y ha cincelado a imagen y semejanza de su persona un cuerpo donde las lealtades cuentan y las desafecciones se castigan. Con una carga ideológica muy importante y un total desapego hacia los derechos y libertades ciudadanas, los hombres y mujeres comandados por el exmilitar se han caracterizado por actuar contra el movimiento popular de la capital navarra, en muchas ocasiones con una agresividad inaudita. Prácticamente ningún sector social que no comulgue con los postulados del equipo de gobierno se ha librado de la violencia gratuita de quienes parecen actuar, más que como una policía local, como una Guardia de corps de UPN.

Hasta ahora, la impunidad de Santamaría y su grupeto de afines, vertebrados en torno a «La Fundición», ha sido absoluta, pero la denuncia judicial y la decisión de algunos agentes de salvar el miedo a sus superiores, pueden erosionar una institución que se rige por una jerarquía castrense y que en nada se parece a lo que debería ser un organismo público con vocación de servir a la ciudadanía. Los pilares que sostenían el entramado de poder de UPN se desmoronan, y sería deseable que el aire de cambio que va entrando en Nafarroa acabe alcanzando también a la Policía Municipal de Iruñea.