La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer, mediante una nota de prensa, los ejes y las conclusiones principales que ha destacado la empresa encargada (Magnolia Financials) de realizar el estudio sobre la viabilidad económica del sistema Arkupe que contempla implantar el proyecto para la financiación de las carreteras del herrialde. Esos datos han sido puestos a disposición de todos los grupos de la oposición, como esta había solicitado; principalmente, el PNV.

Dicho informe se ha elaborado con el objetivo de diseñar un modelo de financiación que permita acondicionar la red de carreteras -que arrastra un déficit histórico de 230 millones de euros- a las exigencias de las actuales directivas europeas.

Tras explicar cuáles son las razones para la elaboración de dicho informe, el texto de la Diputación se apresura a proponer soluciones al problema generado mayormente en la última década. Desde la lógica de «quien utiliza y contamina paga», se propone un sistema de pago mediante peaje o canon por el uso de las infraestructuras, basado en la instalación de catorce pórticos que identifican a los vehículos mediante la lectura del Vía-T o a través de un sistema de lectura automática de matrículas. El sistema detectaría el paso de un vehículo bajo el pórtico y el objetivo sería que, una vez reconstruido el recorrido realizado por el usuario, éste pagase los kilómetros que realmente ha realizado.

En cuanto a la política de descuentos, se incide en la idea de que el tráfico de paso por el territorio -y se subraya que Gipuzkoa es «territorio de paso imprescindible» para el tráfico internacional- comparta con la sociedad guipuzcoana los gastos de «mejora y conservación» de las carreteras, por lo que las nuevas vías de pago estarán exentas para los vehículos ligeros del herrialde a través de subvenciones.

Para el resto de vehículos ligeros, se plantea una política de descuentos «que no penalice en exceso a los foráneos que trabajen o circulen habitualmente por Gipuzkoa», independientemente de su origen. En cuanto a los vehículos pesados, dado que la normativa europea es muy restrictiva, les sería aplicable un descuento máximo del 13% por realizar un número mínimo de viajes.

Viabilidad asegurada

El informe confirma la viabilidad económica de Arkupe y, según sus cálculos, se recaudarían 38 millones de euros al año en las carreteras en las que se prevé implantar: la N-I, la A-15, la N-121 y la GI-632. De esos 38 millones, 26 corresponderían a vehículos pesados y 12 millones a ligeros.

Una vez deducidos los gastos fijos que se generan -2,2 millones en gastos de mantenimiento y otros 2,2 en la devolución de la inversión-, las arcas guipuzcoanas contarían con 34 millones de euros netos al año, resultado que ha sido calificado como «positivo» por la propia Diputación.

Fuentes del Gobierno foral aseguran que la rentabilidad de la inversión -valorada en 22 millones de euros- es superior al 100% y se prevé que el dinero invertido se recupere en el plazo en un año. Por todo ello, la Diputación considera que este estudio «demuestra claramente» la viabilidad del sistema Arkupe y que, «además de dar una solución al problema histórico existente en las carreteras de Gipuzkoa», permitirá en el futuro destinar a otro tipo de políticas (bienestar, cultura, euskara, transporte público...) una cantidad del presupuesto general que actualmente se destina a las carreteras, cantidad que se cifra en 44 millones de euros.

Para realizar este informe económico, la empresa ha tenido en cuenta estudios realizados en otros ámbitos, como son el jurídico, tecnológico, tránsito de vehículos... utilizando estos como base.