Policías de Iruñea, denunciados por encubrir al «número dos» de Interior

La denuncia interpuesta en julio por agentes de la Policía Municipal contra sus mandos y el alcalde de Iruñea aporta nuevos datos sobre la demanda por prevaricación que tres policías interpusieron contra el «número dos» de Interior, Patxi Fernández, cuando dirigía el Área de Seguridad Ciudadana. Este habría dado la orden de que el depósito de grúas entregara en dos ocasiones el mismo coche pese a que no podía circular. Los tres agentes fueron después sancionados.

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

En la denuncia que interpusieron en julio agentes de la Policía Municipal contra Enrique Maya, Simón Santamaría y la cúpula del cuerpo se recogen indicios de falsos testimonios y falsificación de documentos por parte de agentes. Varias de esas falsedades están vinculadas al presunto encubrimiento de un delito de prevaricación que habría cometido Patxi Fernández, actual «número dos» de Interior en Nafarroa. Esta denuncia por prevaricación está sobreseída provisionalmente  pero, de corroborarse la falsedad de estos testimonios, podría reabrirse y generar un serio problema a uno de los hombres de confianza de Yolanda Barcina.

Antes de ser director general de Interior, Fernández era director del área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Iruñea. En el año 2011, tres agentes que trabajaban en el servicio de grúas interpusieron contra él una denuncia por prevaricación, en la que le acusaban de obligarles a entregar un coche dos veces de forma irregular.

El vehículo, en concreto, era un Opel Kadett. La primera vez, este coche fue requisado después de que un vecino de Mendillorri diera aviso a la Policía Municipal alertando de una conducción temeraria. Los agentes interceptaron el vehículo que despertó ese aviso y, al requerir la documentación al joven que lo conducía, comprobaron que no tenía permiso de circulación. Acto seguido, ordenaron a la grúa que lo llevara al depósito.

Días después, apareció la madre del conductor para recoger el coche. Los agentes le dijeron que no podían hacerlo, puesto que con un justificante profesional no se puede circular. Le expusieron que, mientras no tuviera un permiso de circulación en regla, el coche se quedaría en el depósito municipal. En ese momento intervino el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Salinas, que llamó telefónicamente al responsable del depósito y ordenó que se lo entregaran.

A continuación, Salinas explica a los agentes que se trata de una orden directa de Patxi Fernández. El responsable de grúas solicita una orden por escrito, pero no la consigue.
Finalmente, se produce la entrega (pese a vulnerarse la normativa interna de la Policía Municipal y el Código de Circulación). El agente levanta un parte explicando la inusual orden y cobra la tasa de grúa antes de devolverlo.

Esto podría haberse quedado en una presunta cacicada de no ser que, en menos de una semana, otra patrulla vuelve a toparse con el mismo coche en doble fila. Al proceder a multarlo, comprueban de nuevo que carece de permiso de circulación y, tras consultarlo con jefatura (debido al extraño episodio anterior), vuelven a llevarselo al depósito.

Sin embargo, el coche no pasa una sola noche en ese lugar. El Jefe de Sala dio la orden de devolver el coche pese a que no tenía la documentación necesaria para circular. Pero esta vez es más grave, dado que el infractor no paga siquiera la grúa (y que, como es una subcontrata, el traslado tuvo que abonarse con dinero del Ayuntamiento).

Al juzgado de guardia

Al día siguiente, cuando los agentes implicados llegaron a trabajar, el Jefe de Sala les llamó a su despacho. Según figura en la denuncia sobreseída de forma provisional, este jefe llegó a decirles cosas como «ten cuidado con lo que haces, que eso te puede arruinar la vida» o «ya estás escaldado y ya sabes lo que no tienes que hacer».  

Por todo esto, los tres agentes formularon en el juzgado de guardia una denuncia penal contra Fernández y Salinas por prevaricación. Inmediatamente, la dirección de la Policía Municipal les abre un expediente por falta grave y les sanciona a seis meses de empleo y sueldo por «acceder a archivos informáticos con datos personales sin tener permiso para ello, sacar datos de esos archivos y emplearlos en una denuncia».
Los agentes han recurrido al Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN), que ha aceptado a trámite el recurso.  

Las falsedades del expediente

La denuncia del sindicato SPPME interpuesta hace unas semanas contra la cúpula de la Policía Municipal de Iruñea entra de lleno en ese expediente sancionador, asegurando que hay documentos y testimonios falsos, así como «contradicciones» entre Salinas, Fernández y el citado jefe de Sala. De probarse estas acusaciones para encubrir el delito que afectaría a Fernández y castigar a los agentes, la denuncia de 2011 podría revivir con fuerza.

En lo que respecta al «número dos» de Interior, la denuncia del sindicato SPPME afirma que mintió al Grupo de Control y Auditorías (conocido como «La Fundición») al decir que el justificante profesional sí era válido para entregar el coche. Como prueba, ha entregado al juzgado un documento interno del año 2003 que dice textualmente: «Cuando un vehículo se encuentre en este    depósito por falta de documentaciones, o por abandono, no se admitirán los justificantes profesionales emitidos por las gestorías». Por otro lado, Fernández aseguró también que no tuvo contacto alguno con los propietarios del vehículo y echó toda la culpa a Salinas. Esto choca con el testimonio del jefe de Sala (el de las presuntas amenazas), quien aseguró que los propietarios del Opel Kadett sí le hablaron de una reunión con Fernández.

Dos mandos y una abogado

Quien se enfrenta a un problema mayor es uno de los miembros de «La Fundición», a quien se acusa de falsear el informe de conclusiones del expediente inculpando a los tres haber filtrado información a un periódico y a uno de ellos, haber fotografiado unos archivos. Por estos mismos hechos aparece como denunciada una letrada que hizo las veces de instructora de ese expediente.

El tercer denunciado es el jefe de Sala, por falsedad de testimonio, ya que sus afirmaciones se contradicen con las de dos cabos. Este mando asegura que, durante la segunda incautación del vehículo, no fue informado de las circunstancias tan particulares de la entrega de ese coche la semana anterior.

Fernández, arquitecto de formación, fue uno de los políticos de UPN que dio el salto del plano municipal al Gobierno de la mano de Yolanda Barcina. Actualmente, ha tomado la voz cantante en la polémica abierta por el montón del encierro y el papel que jugó la Policía Foral.

La polémica nació cuando el jefe del comité de personal aseguró que hubo descoordinación en los primeros instantes del encierro y que algún mando dio la orden de no actuar. Fernández salió en público prometiendo una investigación y advirtiendo al jefe de comité que tomaría represalias si esa investigación no corroboraba lo dicho por el líder sindical. A juicio del director general de Interior, si las declaraciones de ese sindicalista no fueran ciertas, se habría «dañado» la imagen de la Policía Foral y eso merecería un castigo.