No aportó luz sobre ninguna de las sombras que planean sobre la contabilidad paralela del PP y se limitó a negarlo todo y eludir responsabilidades. Tal y como estaba previsto, María Dolores de Cospedal, se enrocó en el discurso oficial de Génova y se parapetó en superiores y subordinados para eludir cualquier vinculación sobre las sospechas que apuntan hacia su formación. A quienes estaban por debajo de ella en el escalafón, concretamente a los encargados de la tesorería, les endosó la falta de control sobre las donaciones al partido. A sus jefes, concretamente a Mariano Rajoy y Javier Arenas, les relacionó con el finiquito firmado con Luis Bárcenas, aquel que le permitió seguir disfrutando de prebendas pese a estar oficialmente apartado, que el presidente español negó y que la propia Cospedal calificó en febrero como «simulación en diferido» del salario.

Ni donaciones en dinero negro ni contabilidad paralela. Esa fue la tesis que la secretaria general del PP fue a defender, como testigo, ante el juez Pablo Ruz, que investiga los «papeles de Bárcenas». Como sus antecesores en el cargo un día antes, Cospedal sí que asumió falta de control en las donaciones. Pese a que los propios estatutos del PP otorgan a la dirección, y especialmente a la secretaría general, la supervisión de la actividad del partido, Cospedal insistió en que era una cuestión en manos de los encargados de finanzas. Eso sí, reconoció que le resultaría «extraño» que se llevase un registro con los DNI de los donantes anónimos, pese a que está obligado por ley.

En relación al extesorero, con quien mantiene una relación «inexistente» desde 2009, Cospedal insistió en que fue Rajoy quien acordó que este seguiría disfrutando de coche, fondos, despacho y asistencia letrada después de que fuese imputado por la trama «Gürtel». Según dijo en un primer momento, no se le comunicó hasta varios meses después. Una versión que contrasta con el hecho de que ella misma tuvo que firmarlos cuando se hizo cargo brevemente de la tesorería tras irse Báez.

Cospedal negó haber cobrado los 45.000 euros aparecidos en los papeles de Bárcenas y, de hecho, se mostró sorprendida por la confesión de Cristóbal Páez, tesorero cuando ella ya estaba al frente de Génova y que admitio el pago. También, a preguntas del juez, rechazó que hubiese recibido una comisión de 200.000 euros a cambio de una concesión en Toledo, tal y como aseguró el extesorero. No obstante, cuando las acusaciones trataron de profundizar en la cuestión, el magistrado rechazó las cuestiones por «impertinentes», argumentando que la cuestión podría ser competencia de otro tribunal. Una actitud, la de poner freno a las preguntas, que en este caso se repitió en diversas ocasiones.