Andoni LUBAKI

«Nunca abandonaré esta protesta, antes moriré», decía hace escasamente unas semanas Brahim Azziz desde el campamento de protesta de los Hermanos Musulmanes en Rabaa Al-Adawiya. Sin embargo, la Policía del nuevo régimen actuó con tanquetas y francotiradores contra los seguidores del depuesto presidente Morsi. Llevaban días lanzando un ultimátum aun cuando se celebraron varios encuentros poco fructíferos para llegar a un acuerdo que pusiera fin a las protestas.

«Todo empezó muy temprano. Sin previo aviso los francotiradores se posicionaron en las azoteas, los tanques cortaron cualquier intento de entrar o salir a la protesta, convirtiendo aquello en una jaula sin escapatoria. Sí utilizaron gases lacrimógenos, pero la totalidad de muertos son por disparos de francotiradores», comentó por teléfono a GARA el doctor Azab, médico del hospital de campaña de Rabaa Al-Adawiya. «Los políticos egipcios mienten a la hora de dar cifras de muertos. Aquí mismo, delante mío, tengo amontonados 126 cadáveres. No sé cuántas personas más habrán muerto de camino al hospital, si es que los militares les han dejado llegar», añadió con voz desesperada el médico cairota.

Según las fuentes consultadas por este diario, a las 17:00 horas de ayer, la cifra de muertos oscilaba entre la de 95 -10 de ellos policías- ofrecida por el Gobierno y la de 200 dada por los partidarios de Mursi.

Una de las víctimas es la hija del líder del Partido Libertad y Justicia Mohamed El Beltagy, Asma Beltagi, de 17 años, que habría muerto por un disparo cuando los militares entraban en el búnker donde se escondía la cúpula de la formación ilegalizada por el nuevo Ejecutivo. Aunque las primera informaciones apuntaban a la detención de su padre, asegurando que se encontraba en paradero desconocido, el dirigente de los Hermanos Musulmanes Esam al-Arian desmintió posteriormente este arresto y el otros ocho líderes islamistas.

«Su hija, sí puedo confirmar que está muerto, ya que un colega mío certificó su muerte», dijo Azab desde Rabaa Al-Adawiya.

El actual presidente, Adli Mansur, justificó la operación policial y el estado de emergencia al declarar que «las Fuerzas Armadas y la Policía deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en nuestra nación».

Sin embargo, los enfrentamientos aumentaron. Además de los Hermanos Musulmanes, los cristianos coptos también denunciaron ataques violentos contra sus centros de culto. En declaraciones a GARA, el representante de las juventudes cristianas de Maspero, Mina Thabet, explicó que «varios de nuestros templos han sido atacados, entre ellos el de Saint George. En total, tres iglesias han sido sufrido la ira de los radicales musulmanes después de que el Ejército dispersara las protestas».

El ministro del Interior afirmó que el Ejército tomó el control de las plazas cairotas tras el desmantelamiento de las acampadas, pero varios miembros del Ejecutivo se mostraban cautelosos al afirmar que «esto todavía no ha acabado. Sabemos que los radicales y terroristas atacarán al pueblo egipcio como lo están haciendo en la península del Sinaí».

Con la declaración de estado de emergencia, el nuevo Gobierno da pleno poder a los militares con el fin de tomar las acciones debidas «para salvaguardar la seguridad y la integridad de la nación». El ministro de Defensa, Al-Sissi, uno de los líderes del golpe de Estado, será quién «deba manejar esta nueva situación para que los sabotajes que se intentarán dar por parte de los extremistas islámicos no causen muertos», según Mansur.