Teníamos mucho interés en financiar el apoyo y la seguridad de nuestros compañeros en el País Vasco y se hizo lo posible para pagar tanto a los damnificados como a los amenazados». Javier Arenas, ex secretario general del PP, habló el martes sobre el pago de los escoltas en la CAV, una labor de la que Luis Bárcenas se hizo cargo hasta 2003, cuando un cambio en la normativa hizo que Madrid y Lakua se responsabilizasen de la seguridad de los electos. Lo que Arenas no acertó a determinar fueron qué medidas tomó Génova para garantizar la financiación de la protección en unos momentos en los que se registraron diversos atentados de ETA contra cargos electos de PP y PSOE. Tampoco si se puso en marcha una cuenta destinada en exclusiva a esta cuestión ni si hubo simpatizantes que se acercasen para hacer donaciones. De este modo, el conflicto vasco vuelve a aparecer en la investigación que analiza la contabilidad paralela en Génova. No en vano, tres de los cinco pagos en B reconocidos por altos cargos del PP están vinculados a consecuencias de la violencia política.

Ya lo señaló en enero «El Diario Vasco». Citando fuentes de la dirección del PP en la CAV (y que apuntaba a una voladura controlada), el rotativo reveló que Bárcenas gestionó el pago de escoltas hasta 2000. En realidad fue más tiempo, ya que como él mismo señaló, tuvieron que transcurrir otros tres años para que Ministerio español del Interior y la Consejería de Lakua se hiciesen cargo de la protección de electos. De hecho, tal y como el propio Bárcenas declaró ante el juez, en la contabilidad oficial del PP existían dos subcuentas contables donde se recogían las donaciones destinadas a seguridad: una era nominal y la otra, anónima. En concreto, en 2001 se ingresaron 371.000 euros de donantes sin identificar. Una cifra que se redujo a 51.660 euros en 2002 y se eliminó a partir del año siguiente, cuando la Administración comenzó a correr con los gastos. El problema, nuevamente, es la falta de control. Los tres ex secretarios generales que han desfilado esta semana por la Audiencia Nacional -Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal- afirmaron no supervisar las entregas y ni siquiera apuntar el DNI de los donantes anónimos, por lo que parece imposible determi- nar su origen y si se ajustaban a la normativa.

Mayor Oreja y ¡Basta Ya!

Como ejemplo, en su declaración del 15 de julio, Bárcenas señaló que Ubaldo Nieto, expresidente del Tribunal de Cuentas, donó «300.000 pesetas» en 2004 ya que «quiso contribuir al partido en la época de mayor virulencia en cuanto a atentados». Una aportación realizada por la persona que tenía que fiscalizar las cuentas de todos los partidos pero que, finalmente, quedó en la caja de dinero negro. Según el relato del extesorero, de esta contabilidad paralela también se realizaron pagos a familiares de víctimas de ETA, además de un apunte con el epígrafe «Jaime Basta Ya», que daría a entender que se financió a la organización unionista a través de Jaime Mayor Oreja.

Cabe recordar que tres de los cinco altos cargos del PP que han reconocido cobros aparecidos en los manuscritos de Bárcenas los vincularon con consecuencias del conflicto. Son el presidente del Senado español, Pío García Escudero, que admitió un préstamo de 5 millones de pesetas para hacer frente a los daños que provocó en su domicilio un atentado de ETA ocurrido el 8 de agosto de 2000 en el centro de Madrid. También el navarro Jaime Ignacio del Burgo reconoció haber entregado 3.000 euros a Elena Murillo, concejal de UPN, para paliar los efectos de la explosión de un camping gas en su vivienda de Atarrabia. Un pago realizado a espaldas de la formación que entonces dirigía Miguel Sanz. Finalmente, Santiago Abascal, concejal en Amurrio, recibió 12.000 euros por los ataques sufridos en su tienda, admitiendo que desconocía el origen del dinero.