Sortu anima al PNV a consensuar el final de los delegados estatales
Ambos partidos coinciden en que el problema principal de lo ocurrido estos días en Laudio y Bilbo estriba en esa figura. Urquijo ha presentado ya 200 recursos y demandas contra acciones municipales y ciudadanas.
Ramón SOLA |
La insistencia de Carlos Urquijo en convertirse en protagonista del verano con sus vetos a todo tipo de dinámicas festivas ha relanzado el debate sobre la institución a la que representa. Sortu invitó ayer oficialmente al PNV -con quien mantiene un diálogo abierto- y otros agentes a consensuar iniciativas para acabar con esta figura.
Lo hizo en una comparecencia celebrada en Donostia y en la que intervinieron Amaia Izko, coportavoz del partido de la izquierda abertzale, y Joxean Agirre, su coordinador en Gipuzkoa. Se da la circunstancia de que poco antes la agencia Europa Press había difundido una entrevista con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en la que comentaba que el PNV ha considerado históricamente que el delegado gubernamental español «sobra» y añadía que en el caso de Urquijo «sobra doblemente» por su actitud.
«Es una figura que nosotros siempre hemos entendido que está de sobra, pero si encima para lo único que sirve es para generar tensión, generar crispación, pues entonces está todavía doblemente de sobra en nuestra sociedad», valoró Ortuzar en la entrevista.
En la rueda de prensa de Sortu y al hilo de lo ocurrido en los últimos días con Pablo Gorostiaga en Laudio y Jone Artola en Bilbo [más información en páginas 50-51], Izko y Agirre recordaron que Urquijo «no tiene legitimidad para decidir quién puede o no ser txupinera o pregonero en las fiestas de los pueblos vascos». Pero dicho esto apuntaron que «se puede y se debe ir más allá de las meras denuncias verbales. No podemos permitir que en adelante el `pirómano' [como le llamó el dirigente del PNV Koldo Mediavilla] Urquijo siga causando más fuegos con el objetivo de entorpecer este nuevo tiempo abierto en nuestro país. Es tiempo de decir `basta ya' y actuar».
En consecuencia, desde Sortu trasladan «un llamamiento expreso al resto de agentes políticos y sociales, y especialmente al PNV, para que a partir de setiembre pongamos en marcha una iniciativa consensuada que tenga como objetivo la supresión de la figura del delegado del Gobierno. Se trata de una figura impuesta, con una función política muy definida: obstaculizar y poner palos a la rueda del proceso de paz y la normalización política. Para eso, y solo para eso, está hoy en día el delegado del Gobierno».
200 recursos o denuncias
Los datos objetivos dan la razón a ese diagnóstico político. Según difundió ayer la agencia Europa Press, en sus dos años en el cargo, Urquijo «no está dando ni un respiro» a los ayuntamientos vascos, especialmente a los gobernados por Bildu, ni a ciudadanos particulares, dado que ha interpuesto más de 200 recursos o denuncias por razones nítidamente políticas.
Estos casos van desde una iniciativa solidaria con los presos consistente en fotografiarse con el retrato de uno de ellos, abonando un euro hasta las subvenciones a familiares, hasta el pago de procesos judiciales o la actual ofensiva antifestiva.
Gran eco mediático alcanzaron el recurso contra la ayuda económica del Ayuntamiento de Donostia a la película sobre presos ``Barrura begiratzeko lehioak'', la denuncia contra la concesión de una medalla al fallecido José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi, también en Donostia, o los recursos presentados para forzar la presencia de la bandera española en edificios municipales.
GA propone «non grata»
Por su parte, la organización juvenil de EA Gazte Abertzaleak ha propuesto que tanto el delegado Urquijo como la portavoz municipal del PP en Bilbo, Cristina Ruiz, sean nombrados persona non grata por la villa a causa de sus «ataques a Aste Nagusia». GA considera que, con su actitud contra estas fiestas, el PP «ha rebasado todas las líneas rojas». Por eso critica también la falta de contundencia en la respuesta de PNV y PSE.
Desde este último partido, su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, afirmó incluso que Urquijo y la izquierda abertzale se retroalimentan con estas polémicas veraniegas. En su opinión, la izquierda abertzale «ha encontrado un acompañante ideal» en el actual delegado estatal en la CAV, del que dijo que «debería haber tenido la cabeza fría, los pies en la tierra, y tomar decisiones de acuerdo con la ley, pero también con inteligencia política».
La figura del gobernador civil fue creada por el Estado español en 1833, a partir de la división de su territorio de las llamadas «provincias». Pero su función en Euskal Herria se ha asemejado históricamente más bien a la que ejercían los virreyes, encargados de «administrar y gobernar como representante y en nombre de la Corona española un país o una provincia». Como tal, su función fue clave durante siglos, por ejemplo, en Nafarroa tras la conquista de 1512 (Diego Fernández de Córdoba, marqués de Comares, fue el primero, y Felipe Ribero y Lemoyne, el último, hasta 1840). Y también resultó esencial en las colonias, ya fueran europeas (Catalunya, Galicia, Portugal, Nápoles, Sicilia...) o americanas.
El franquismo potenció su importancia, dotándoles de un estatuto de máxima autoridad de la provincia en 1958. Luego, tras la muerte del dictador, ha ido replegándose frente a poderes autonómicos o locales en otros puntos, pero no en Euskal Herria. En Nafarroa han sobresalido delegados como Luis Roldán, condenado por corrupción a escala masiva; Jesús García Villoslada, en cuya época afloró el llamado «fraude de la Delegación» que al final quedó impune; o Pedro Ruiz de Alegría, que llegó a afirmar un 12 de octubre que «con 25 gaiteros y un capitán de la Guardia Civil nos sobrarían 12 horas de 24 para eliminar a los terroristas de la faz de la tierra». En la CAV, Urquijo recoge el testigo de «virreyes» como Enrique Villar, también del PP, que protagonizó alborotos en la tribuna del Parlamento contra el plan Ibarretxe o criminalizó los nombres en euskara. R.S.
