La sociedad colombiana asiste con ilusión contenida a los diálogos que representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen en La Habana, y estamentos políticos e institucionales empiezan a prepararse para un escenario posconflicto. Así, los gobernadores de los 32 departamentos del país han expresado su apoyo a las negociaciones de paz, y la propia Fiscalía ha dicho estar dispuesta a acometer cambios en su estructura para adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, todavía quedan pasos por dar y siguen existiendo obstáculos que necesitan ser desbrozados.

Entre ellos, las recientes amenazas vertidas por el presidente, Juan Manuel Santos, quien citó explícitamente al máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, para advertirle de que si el Ejército da con él será asesinado. Este tipo de declaraciones están fuera de lugar en quien presuntamente trabaja por la consecución de la paz, y contrastan con las del jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, quien subrayó ayer que el cese de la confrontación armada acabará con sus consecuencias más dramáticas, pero no supondrá el cese de la pugna entre ambas partes, ya que esta se mantendrá y será más aguda e ideológica. «Hay que prepararse para la pelea de verdad», advirtió a los suyos, consciente de que una conclusión positiva de las negociaciones no traerá aparejada una dejación de sus principios por parte de las FARC ni de sus bases.

Si más allá de baladronadas el Ejecutivo comparte el punto de vista de su delegado, y sería ilógico que no lo hiciera, estaría mostrando una madurez determinante para el éxito del proceso. Debe entenderse que la paz no es consecuencia de la renuncia del adversario a su proyecto político, sino el resultado de que ese proyecto puede llevarse a cabo por cauces pacíficos; no es sumisión, sino invitación a la contienda democrática. La paz puede estar cerca si impera el racional criterio de los negociadores y no el populismo de sus mandatarios.