La propuesta de Sortu a los agentes políticos, especialmente al PNV, de consensuar una iniciativa encaminada a derogar la figura del delegado del Gobierno español no solo está más que justificada por la obsesiva y nefasta actuación de Carlos Urquijo, llevada al extremo del ridículo, sino que además se trata de reaccionar en consonancia con el sentimiento popular. En Laudio, en Bilbo, en Euskal Herria, sería bienvenido un plan que en primer lugar constate institucionalmente lo que en la sociedad y entre la mayoría política está más que claro: que el cargo de Urquijo sobra. Es patente, pero es preciso hacérselo saber. No solo no cuenta con la aprobación popular, sino que además provoca rechazo por su actitud indisimulada de intentar obstaculizar el proceso de paz en marcha.

El hecho de que una persona querida por sus vecinos y que padece una injusta y dura situación no pueda ser pregonero de las fiestas de su pueblo, o que a otra, por tener un hermano encarcelado, se le prohíba tirar el txupin de comienzo de fiestas es, además de absurdo, una clara vulneración de derechos de esas personas, pero también un ataque a los ciudadanos y ciudadanas, que ha visto cómo un personaje, respaldado por el aparato estatal, ha irrumpido abruptamente en sus fiestas, en sus vidas. Así lo ha percibido la mayoría de la sociedad y las fuerzas políticas deberían actuar en consecuencia.