El PSOE consuma la exclusión de la PAH ante el TC y Becerril no apela
El PSOE formalizó ayer el recurso ante el Tribunal Constitucional español contra la ley antidesahucios impuesta por el PP. Lo hizo en solitario, después de elaborar su propio texto a partir del documento presentado por la PAH, a quien ha dejado fuera. Soledad Becerril, defensora del Pueblo en el Estado español, tampoco presentará apelaciones pero esperó hasta última hora para hacer pública su posición.
Alberto PRADILLA |
«No quiero entrar en polémicas con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)». Leire Iglesias, portavoz del PSOE sobre Vivienda, trataba así de eludir las preguntas de los periodistas durante la presentación del recurso contra la ley antidesahucios formalizada ayer en el Tribunal Constitucional. Tal y como estaba previsto, la formación que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba impuso su mayoría de diputados y formalizó en solitario su apelación ante el alto tribunal, después de que la PAH solicitase el apoyo para su propio recurso. En el texto, el PSOE ha eliminado toda referencia a la movilización social y al incumplimiento del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución española. La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que también podía amparar la iniciativa de la plataforma, ni siquiera se personará.
«Hemos invitado a la plataforma y a otros grupos. Sin embargo, esta ha rechazado acudir si no era mediante la firma a su documento», afirmó Iglesias a las puertas del TC. Poniendo la carga sobre la PAH, ayer se certificó lo que ya era un hecho: que el PSOE había decidido apropiarse de la iniciativa legal de la PAH y excluir a sus promotores. Una maniobra que puede comprobarse comparando el texto inicial con el que finalmente se presentó ayer y analizando las conversaciones desarrolladas en los últimos días.
Sin exposición de motivos
«La parte técnica la hemos hecho nosotros», aseguraba ayer Rafa Mayoral, abogado de la PAH. Según explicó, el PSOE se ha limitado a eliminar la exposición de motivos, suprimiendo las referencias a la conculcación de derechos sociales básicos durante los últimos 35 años y a la importancia de la presión social. Además, ha añadido dos cuestiones técnicas relativas al procedimiento de aprobación de la ley, manteniendo el cuerpo jurídico planteado por la plataforma. Pese a estas evidencias, el PSOE no da su brazo torcer. Así, Iglesias defendió ayer los cambios argumentando que «se ha ordenado de otra forma» y considerando que se aportan «más y mejores» razones.
Los tiempos también evidencian cuál era la intención del PSOE. Esperó hasta el límite del plazo para presentar el recurso y solo dos días antes remitió el texto a la PAH. Antes de que esta le hiciese llegar su propuesta legal habían descartado recurrir ante la Justicia. «Han manejado los tiempos», denunció Mayoral, quien rechazó el intento de Ferraz de «sacar réditos» de un drama que afecta a miles de personas en todo el Estado. Además, recordó que el PSOE fue «copartícipe» de la ley de enjuiciamiento civil que avala los desahucios y cuestionó el «déficit democrático» que impide a las organizaciones sociales personarse ante el TC.
Un fax con el plazo agotado
Descartada la vía de los diputados, la única alternativa para presentar el recurso original de la PAH era la Defensora del Pueblo del Estado español. Tampoco esta se salió del guión previsto y ni siquiera se personará. Eso sí, Soledad Becerril, exalcaldesa de Sevilla por el PP, también aguantó hasta la hora límite para anunciar su incomparecencia. De hecho, no fue hasta pasadas las 15.00 horas cuando remitió un fax a la PAH y una nota de prensa en la que se escudaba en el recurso del PSOE para no dar su apoyo al de la plataforma. No obstante, dejó claro que «no es asumible el deseo de los solicitantes de que la institución se adhiera al texto elaborado por ellos».
«Incumple sus obligaciones», censuró Mayoral, quien remarcó que Becerril, también marquesa de Salvatierra, ni siquiera entra a valorar el fondo de la argumentación de la PAH.
«La vía jurídica no está cerrada y complementa la lucha social». Así se expresaba ayer Rafa Mayoral, portavoz de la PAH, en relación a la maniobra del PSOE para apropiarse del recurso ante el TC. Ahora, esta apelación está en manos del tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos. Aunque dado que ya se ha probado incluso la militancia de este en el PP, no parece que esta vía pueda tener muchas salidas. No obstante, y a la espera de que decida si toma o no en consideración el recurso, hay que tomar en cuenta que el TC suele demorar mucho sus resoluciones, por lo que la espera será larga. «Con esto se ha abierto un debate jurídico. Además, el recurso sirve de herramienta para todos los jueces y abogados que quieran luchar contra las violaciones de Derechos Humanos que causa esta normativa», afirmó.
Sin embargo, esta no es la única vía abierta en los juzgados. Todavía queda pendiente la aplicación de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el «caso Aziz», donde se declaró abusiva la hipoteca de un vecino de Barcelona. Un caso que, paradójicamente, ni siquiera entraría dentro de los supuestos que se incluyen en la ley de febrero para paralizar un desahucio.
«Vamos a continuar con nuestras asambleas», remarcó Mayoral, quien insistió en que los recursos ante la Justicia solo se entienden dentro de la dinámica de movilizaciones, de paralización de desahucios y de señalamiento de los responsables. «Esto es solo un granito de arena», remarcó, señalando que seguirán con su campaña para juzgar a los culpables y con la obra social . A.P.
La PAH no puede apelar por sí sola al TC pese a haber recogido casi un millón y medio de firmas en apoyo a la ILP contra los desahucios. «No mendigábamos un recurso, sino el apoyo a nuestro texto», remarcan.
