En respuesta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el máximo comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, advirtió en un comunicado que «las amenazas de muerte y las órdenes de ejecución sin ninguna clase de juicio no sirven para intimidarnos ni logran aclimatar el ambiente de reconciliación necesario para concertar una salida». «El presidente Valencia creyó que con izar el pendón nacional en la destruida aldea de Marquetalia había finiquitado el asunto. Y el presidente Gaviria, que con su guerra integral pondría fin al problema en 18 meses. El presupuesto de Uribe fue de dos años y no logró en dos gobiernos. Recién posesionado, Santos advirtió que si no nos entregábamos, vendría por nosotros», recordó.

Días atrás, Santos no descartó reunirse con el dirigente de la guerrilla si es «por el bien de la paz», aunque dejó claro que si las Fuerzas Militares lo localizaran daría orden de matarlo como ya hizo con Alfonso Cano.

En una entrevista con la emisora colombiana LA F.m, Jiménez mostró su preocupación por «la creencia de Santos de que para avanzar en la mesa de La Habana hay que poner sobre nuestros cuerpos destrozados por las bombas. Es como si nosotros estuviéramos diciendo todo el tiempo planes para matar al presidente con la creencia de que sus sucesores amedrentados firmarían más rápido la paz. Es esa mentalidad la que preocupa». En este sentido, incidió en que «la dificultad para llegar a prontos acuerdos radica precisamente en las confesiones públicas de Santos».

No obstante, manifestó su deseo de «darle la mano el día que vayamos a refrendar el acuerdo final», evitando cualquier precisión sobre la fecha en la que podría producirse.

Preguntado al respecto, subrayó que «es difícil avanzar cuando una de las partes le dice que no a todo. Las FARC tienen toda la disposición y voluntad, que se reafirmó en una consulta interna con casi todos los cuadros de jugárnosla por la paz con justicia social». Aseguró que si logran «un acuerdo con justicia social, pueden tener la plena seguridad de que todos los guerrilleros lo van a respaldar y, en ese momento, las armas quedarán en segundo plano».

«La cuestión con las FARC es más sencilla de lo que parece. Mucho más fácil que matarnos o desmovilizarnos a todos. Más simple que encarcelar 13.700 compatriotas inconformes. Es abrir realmente las puertas a la democracia en nuestro país, desterrar para siempre la manía de imponer decisiones a la fuerza», insistió. «No pretendemos una revolución en la mesa, pero sí al menos concertar un gran acuerdo que saque al país para siempre de la opresión violenta, que siente unas bases mínimas para la construcción de la justicia social».

En cuanto a las denuncias de sectores opuestos a los diálogos de una eventual «impunidad» para los guerrilleros, criticó que la derecha «borra de un plumazo el hecho de que precisamente la impunidad ha sido la característica del régimen político colombiano y una de las causas más válidas del levantamiento armado».

Dirigiéndose al fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, le emplazó a «profundizar en el origen del conflicto y a buscar sus causas, porque si se quiere solucionar el problema de raíz, se deben solucionar todas las cosas. Escarbar y complicar de manera unilateral no es beneficioso».