El primer ministro británico, David Cameron, pidió en una conversación telefónica al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, el envío con urgencia de observadores a la frontera con el Peñón para evaluar si los controles españoles restringen la libertad de movimiento de los ciudadanos.

Denunció que tales controles están «políticamente motivados» y son «desproporcionados» y «contrarios al derecho de de libertad de movimiento».

Cameron enfatizó a Barroso que la «Comisión tiene la responsabilidad de hacer eso como parte de su papel de supervisar la aplicación de las leyes de la Unión», señaló Downing Street.

«Las medidas adicionales continúan, por lo que estamos considerando activamente acciones legales y reuniendo pruebas sobre la naturaleza de esas medidas, que probarían son ilegítimas», añadió.