El 18 de junio de 2013, el Foro para la Sostenibilidad de Navarra realizó un debate público sobre el Tren de Altas Prestaciones o TAV. En el posterior debate, entre otras argumentaciones planteamos «el déficit democrático que existe en nuestra comunidad en relación a la información y participación ciudadana en proyectos de infraestructuras». Aseguramos que los políticos que hemos elegido como nuestros administradores «se han hecho propietarios de la finca, que no es de ellos sino de toda la ciudadanía». Proyectos millonarios que nos afectan directamente «se han realizado sin información ni participación, hurtándonos el derecho a decidir sobre a dónde van nuestros impuestos...». Contestó el consejero Zarraluki diciendo que en Navarra «sí que ha existido y existe información y participación; los planes y proyectos son expuestos y se pueden hacer alegaciones a los mismos. Lo que ocurre es que algunos no nos enteramos...».

El concepto que tiene el consejero de la información y sobre todo de la participación y el que tenemos los organismos sociales son radicalmente diferentes. No estamos de acuerdo con que participar consista en votar cada cuatro años a nuestros representantes y a partir de ahí olvidarnos. Tampoco en que participar sea hacer alegaciones a un determinado proyecto. La participación popular está perfectamente regulada a nivel europeo por medio del Tratado de Aharus, y la legislación europea y española también lo recoge en su articulado; por tanto, no aplicarla es prevaricación.

En relación a las obras del TAV o TAP en Nafarroa, se ha incumplido e incumple la legislación vigente sobre la información y participación ciudadana. En mayo de 2010, la Fundación Sustrai Erakuntza tuvo que recurrir a los tribunales debido a la reiterada denegación de la información ambiental sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad. Después de varias reclamaciones, interpusieron un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, frente al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Nafarroa, solicitando la información.

En diciembre del 2008 un grupo de navarros y navarras acudió al Defensor del Pueblo para denunciar la actitud que el Gobierno de Nafarroa estaba manteniendo con respecto al proyecto del Tren de Alta Velocidad a su paso por Nafarroa. Consideraban que el Gobierno estaba ocultando a los ciudadanos y ciudadanas información, e incluso estaba intentando dificultar la labor informativa de los agentes sociales que nos oponemos a él. Era evidente que se pretendía vetar cualquier posible debate sobre el proyecto en el seno de la sociedad navarra.

Otra queja llegó ante el Defensor del Pueblo con motivo de la licitación y adjudicación de la elaboración de un informe de impactos económicos, sociales y medioambientales del TAV, adjudicado a la empresa Mecsa, y por la negativa de dicha empresa a aceptar un dossier informativo sobre los impactos del TAV enviado por la parte social. La razón de la queja era que el Gobierno Foral había impuesto la condición de que la única información que se utilizaría para la realización de dicho informe fuera exclusivamente la que el Gobierno de Nafarroa decidiera... O sea, informe a la carta. Es decir, alguien cuyo trabajo era elaborar un informe de impactos, y cobraba 151.724,14 euros por ello, rechazaba recibir gratuitamente informes de impactos adicionales porque no se lo permitían. Con esto no se pretendía que los incluyese en su trabajo; simple y llanamente, considerábamos que era (y es) información que quizás pueda tener algún interés para desarrollar un informe más completo que beneficie a todos y todas.

El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) anuló en febrero de 2010 una sanción que el Ayuntamiento de Iruñea impuso a una persona denunciada por la Policía Foral por vender camisetas y mecheros en contra del Tren de Alta Velocidad a las afueras de la plaza de toros. El tribunal concluyó que la actividad por la que esa persona fue sancionada, multada con 602 euros, no puede ser «adecuadamente tipificada como comercial», ya que le faltan los requisitos de habitualidad, ánimo de lucro y de ser realizada por un comerciante, «esto es, una persona que habitual y profesionalmente se dedique» a esa actividad. También decía que «no era comercial, sino de información y propaganda en relación con la posición del recurrente y de las personas que le acompañaban de oposición al Tren de Alta Velocidad, dentro de la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución».

Por su importancia tanto ambiental como social y económica, el Proyecto del Ferrocarril navarro se merecía la realización de un referéndum, y no se ha hecho. En Suiza -donde son ciudadanos de primera, no como en Nafarroa- el Plan de Transporte BAHM 2000 (Tren 2000) se acompañó de un referéndum decisorio.

El listón de la participación ciudadana está muy bajo en nuestra Comunidad. De todos los proyectos realizados que conozco, solamente hubo participación ciudadana aceptable en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, y esto fue debido a que diferentes organismos ambientalistas y sindicales lo exigimos. Ese Plan consensuado recoge la posibilidad del empleo de diferentes sistemas de recogida de la materia orgánica, entre los que se incluyen el quinto contenedor y el puerta a puerta. Esto después de haber llegado a un consenso entre los participantes. Pues bien, ahora UPN ha presentado a la Cámara una moción pidiendo cambiar el PIGRN para que incluya la imposibilidad de recoger la materia orgánica por el sistema puerta a puerta. ¿De qué sirvió la participación ciudadana en este caso, si ahora y sin motivo se intenta cambiar lo aceptado?

Algunas cosas deben cambiar entre la clase política navarra. Han de enterarse de que la época del despilfarro en infraestructuras se ha acabado. El problema es que les ha cogido con el paso cambiado; siguen con el paradigma anterior del desarrollismo, cuando la realidad económica, social y ambiental ha cambiado radicalmente. También ha cambiado la actitud sumisa de la ciudadanía, que ya no aguanta más la prepotencia y corrupción de nuestros políticos. Exigimos una participación social real en todos los proyectos de importancia que nos conciernen. Ya no nos fiamos de sus decisiones, que en muchas ocasiones en vez de beneficiar a la ciudadanía, benefician a banqueros, a las constructoras y a intereses obscuros e inconfesables.