Jaime Ignacio del Burgo ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa contra la apertura de una comisión de investigación sobre los sobresueldos en el PP navarro. El político navarro entiende que una comisión de investigación en el Parlamento navarro podría lesionar sus derechos fundamentales. Del Burgo fue interrogado en calidad de testigo por haber recibido varios sobres que aparecen en los papeles de Luis Bárcenas.

Un hijo de Del Burgo, Ignacio, es el letrado que trata de invalidar el acuerdo de la Mesa de Portavoces que sacaron adelante Bildu y Aralar-NaBai, con el apoyo de Izquierda-Ezkerra. En ese texto se subrayaba que están acreditados, al menos, tres casos de sobresueldos en Nafarroa. Dos de ellos (los de Calixto Ayesa y Elena Murillo) fueron sobres con dinero en metálico que entregó Jaime Ignacio del Burgo. El tercer caso es el de Santiago Cervera, que afloró durante la investigación del chantaje a José Antonio Asiáin.

La consecuencia del acuerdo es que, cuando el Parlamento recobre su actividad, los distintos grupos tendrán que votar si se crea o no la comisión. Todo depende, por tanto, de la postura que tome el PSN, quien por ahora, no ha adelantado su voto. En un primer momento, Bildu y Aralar intentaron que fuera una votación de urgencia y que el tema se tratara en la última sesión del curso político anterior (6 de agosto). Pese a ello, el PSN se opuso a la urgencia motivando el retraso, lo que ha facilitado también la interposición de este recurso. Aun así, el portavoz del PSN, Juan José Lizarbe no dio pistas sobre cuál será la orientación de su voto en el debate definitivo. A la filial navarra del PSOE le resulta incómodo posicionarse a favor tras negar en tres ocasiones una comisión de investigación de Caja Navarra, pero han asumido también que la decisión final la tomará Ferraz.

¿Sobre limpio o delito prescrito?

Del Burgo asegura en su recurso que la pieza separada del caso Bárcenas que le hizo testificar ante el juez Pablo Ruz está ya cerrada. Para ello, adjunta el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional descarta tomar declaración a José María Aznar (hacia quien Del Burgo había apuntado como responsable de las entregas de dinero). Según el recurso, Ruz afirma que no hay delito en el recibimiento de esos sobres. En realidad, eso no es del todo así. Lo que dice el juez es que no está claro que ese dinero fuera ilícito y que, de ser ilícito, habría prescrito. A diferencia de un tribunal, una comisión de investigación busca depurar responsabilidades políticas y, por tanto, le es indiferente que el delito esté o no caducado.

Por otro lado, Del Burgo se queja de que esta comisión solo tiene por objetivo: «menoscabar, con total impunidad, el prestigio y la imagen pública» de él mismo, a quién, según su versión, Bildu y Aralar-NaBai considerarían «uno de sus principales adversarios». Asimismo, asegura que estos partidos se reafirmaran en las consideraciones «falsas y calumniosas» que justifican la moción. El recurso también señala que «el Parlamento de Navarra no puede erigirse en una especie de tribunal popular para decidir, a votos, sobre la rectitud o no de la conducta» de las personas a las que se alude.

Según entiende el expresidente navarro (cargo que tuvo que dejar por un caso de malversación de fondos relacionado con la empresa FASA, del que años después, salió absuelto) en los pagos a Cervera no hay nada raro, puesto que se localizó la cuenta de la que provenían los fondos y la gerencia del PP los regularizó. En cuanto a su intervención concreta, sostiene que nunca se preguntó por el origen del dinero que aparecía en los sobres y que tiene los recibís. Se trata de un sobre que acabó manos de Elena Murillo (para compensar unos destrozos de kale borroka en su domicilio) y de varias entregas a Ayesa.

Para justificar los pagos al exconsejero de Salud se han dado dos versiones complementarias. Según explicaron, Ayesa percibía dinero porque, fuera de la política, ganaba más con su consulta. El segundo motivo es más cuestionable. Del Burgo dice que Aznar autorizó los pagos porque Ayesa había tenido que sufragar de su bolsillo un crédito de 21 millones de pesetas que, en su día, solicitó la UCD. Esto, por sí solo, no explica el trato de favor que mantuvo Génova para con Ayesa, dado que buena parte de ese crédito no lo pagó el exconsejero, sino otro abogado.

Según ha podido saber GARA de fuentes jurídicas, el recurso de Del Burgo tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Él no está autorizado a recurrir a título particular un acuerdo de la Mesa del Parlamento. Así ocurrió en experiencias anteriores. Si el Superior no le arropa, cabe recurso al Supremo, pero tampoco parece viable. En realidad, lo oportuno hubiera sido elevar un recurso ante el Constitucional. Pero, claro, eso sale más caro. De todos modos, provocará que la Mesa tenga que reunirse a la mayor brevedad para preparar su postura ante el recurso.