Las FARC exigen al Gobierno que no criminalice la protesta social
Al inicio de un nuevo ciclo de conversaciones con el Gobierno y con el paro nacional convocado ayer en Colombia por diversos sectores como telón de fondo, las FARC-EP exigieron al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que no criminalice la protesta social ni «fabrique responsables» de las movilizaciones. En días previos a esta jornada de protesta, el presidente Santos amenazó con ser «impacable» contra quien realizara cortes de carretera.
El jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, Iván Márquez, emplazó al Gobierno a no criminalizar la protesta social y a atender las demandas de los sectores que ayer comenzaron un paro indefinido para reclamar ayudas económicas para el campo, acceso a la propiedad de la tierra y una mejora de los servicios públicos de las zonas agrícolas. Estas protestas se suman a las que mantienen desde hace semanas los campesinos de la región del Catatumbo con el resultado de cuatro muertos y más de un centenar de detenciones.
«Tampoco debe fabricar responsables inculpando a organizaciones y personas que surgen de su imaginación como agentes provocadores del desorden. Que sea esta la ocasión para llamar la atención del Gobierno para que inicie la revisión de los Tratados de Libre Comercio, que suscribió sin consideración de la realidad económica», resaltó.
«El libre comercio implica cero aranceles, cero subsidios, cero barreras no arancelarias, libre flujo de bienes y servicios, todo dentro de un marco competitivo. Nada de esto ha sido tenido en consideración por los negociadores colombianos», criticó.
La guerrilla también propuso la «liquidación» de la Federación Nacional de Cafeteros como responsable de la crisis que vive el sector cafetero.
«La Federación ha llevado a Colombia a competir en materia de café no con Brasil, sino con Honduras y El Salvador. El 70% del café que se consume en Colombia es importado. Se mezcla café nacional con café importado y se exporta como propio. Entretanto, los altos cargos de la Federación, ya en Colombia, ya en el exterior, son inmensamente costosos. La supresión de la Federación Nacional de Cafeteros es una necesidad sentida. No se puede seguir premiando tanta equivocación», destacó en la comparecencia realizada en el Palacio de Convenciones de La Habana al inicio de la decimotercera ronda de conversaciones con el Gobierno, cuya delegación ayer no hizo declaraciones.
Ambas partes siguen discutiendo el segundo punto de la agenda pactada hace ahora un año en la capital cubana, relativo a la participación política.
En el cierre del ciclo anterior, afirmaron que estaban avanzando en la construcción de acuerdos respecto al establecimiento de «derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final y acceso a medios de comunicación».
En paralelo a la mesa de conversaciones de La Habana, el ELN pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja que haga gestiones ante el Ejecutivo colombiano para proceder a la entrega «en los próximos días» del ciudadano canadiense Jernoc Wobert. Bogotá ha puesto su liberación como condición para iniciar un proceso de diálogo con esta guerrilla.
El Ministerio de Defensa de Colombia afirmó ayer ahaber matado en un bombardeo en una zona montañosa de la población de Toribío a dos supuestos mandos guerrilleros. Estas muertes se suman a las de otros dos cuadros guerrilleros el 3 y el 9 de agosto en varios operativos militares.
El presidente, Juan Manuel Santos, advirtió el sábado de que las fuerzas militares y policiales actuarían con «total contundencia» contra los intentos de paralizar las carreteras u otras vías. Y, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, suspendió las mesas de diálogo con los sectores en conflicto mientras mantengan las protestas y advirtió de que «la ley de seguridad ciudadana castiga con cárcel de hasta cuatro años a quien por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar las vías».
En este contexto, Marcha Patriótica denunció la retención ayer de tres miembros de su comisión de comunicación mientras acompañaban a un grupo de campesinos. En declaraciones recogidas por Marcha Patriótica en su página web, Diana Nocua, representante de la comisión nacional de derechos humanos del Paro Nacional Agrario y Popular, denunció que desde primera hora de la mañana, fuerzas militares colocaron controles, procediendo al registro de todo tipo de vehículos que transportaban a los campesinos a los puntos acordados para las movilizaciones. También informó de un herido por bala en Segovia. El congresista Iván Cepeda aseguró a través de Twitter que «organizaciones agrarias del departamento del Meta (centro) denunciaron el ofrecimiento de recompensas a cambio de información sobre impulsores del Paro Nacional». GARA
