Lo que empezó hace tres semanas como un conflicto menor por unos bloques de cemento y una aparente cortina de humo del Gobierno español va camino de convertirse realmente en un serio enfrentamiento diplomático en el seno de la UE. Bruselas, que hasta ahora había esquivado la polémica de Gibraltar de forma palpable, se vio abocada ayer a hacer una primera declaración concreta y que conlleva una advertencia a Madrid.

El portavoz comunitario, Olivier Bailly, fue preguntado por las declaraciones el Ministerio de Exteriores español que barajan la imposición de una tasa para cruzar la verja, y esta vez sí se mostró concreto y tajante: «Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea».

El aviso tuvo un primer efecto inmediato. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, no planteó esta opción en ningún momento de la conversación telefónica que mantuvo con José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, a las 13.15 de ayer.

En varias entrevistas, el ministro de Exteriores español, Jose Manuel García-Margallo, había avanzado que esa tasa se justificaría en que Madrid no considera que se trate de un paso fronterizo al uso, sino de «la ocupación de una vía pública congestionada».

El portavoz Bailly respondió ayer que «deseamos que la circulación entre las dos zonas sea lo más fluida posible, pero efectivamente hay un número de elementos del derecho europeo que deben ser recordados».

Resulta igualmente significativo que Durao Barroso hiciera esperar a Rajoy hasta ayer cuando ya había hablado con su homólogo británico, David Cameron, el viernes. Inmediatamente Rajoy solicitó ser atendido, pero Durao Barroso no le dio hueco en su agenda el fin de semana.

«Cuanto antes»

Como viene siendo habitual desde que se inició el contencioso -así ocurrió también tras la primera disputa telefónica entre Cameron y Rajoy-, fuentes de La Moncloa difundieron una versión que recrea que el mandatario español lleva la voz cantante y es más contundente que su rival. Así, el Gobierno dijo en un comunicado que Rajoy trasladó a Bruselas que el lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental (aunque organizaciones ecologistas la respaldan).

Junto a ello, Rajoy replicó a la demanda de observadores para vigilar los controles españoles hecha por Cameron reclamando que la UE verifique también si en Gibraltar se está incurriendo en actividades de blanqueo de dinero, contrabando y otras ilegalidades fiscales.

La Moncloa filtró incluso que la conversación había durado doce minutos, mostrando que la competencia con Londres alcanza hasta al tiempo dedicado por Durao Barroso a los mandatarios de Downing Street, por un lado, y La Moncloa, por otro.

Antes, el día 7, Cameron y Rajoy hablaron también por teléfono (como mera anécdota, fue durante quince minutos). Las valoraciones posteriores fueron divergentes: Londres habló de conversación «constructiva» mientras que Madrid subrayó que el presidente español había sido «contundente».

Lo cierto y seguro es que desde entonces la escalada verbal ha crecido, ha dado paso ya a una toma de posición política de la UE y puede acabar en los tribunales, dado que el Gobierno británico ultima iniciativas jurídicas contra los controles extremos impuestos por las autoridades españolas.

Además de advertir de la ilegalidad de una eventual tasa, la UE anuncia que acelerará la misión de observadores que anticipó hace ya casi dos semanas. Entonces la fijó en setiembre, en lo que parecía un aviso disuasorio a las dos partes para que solucionen la crisis. Ayer se matizó que la supervisión se iniciará «cuanto antes». Londres se felicitó por ello, aunque Madrid también dice desearla.

Bruselas remarca que Londres y Madrid tienen la responsabilidad de «dialogar entre ellos en cuanto que miembros de la UE» y «encontrar soluciones a los obstáculos y malentendidos que puedan existir», pero claramente ha asumido a estas alturas que no basta con eso y tiene que tomar partido, mediante declaraciones y la activación de la misión de observadores.

El buque y las denuncias

A todo esto, el conflicto diplomático latente se visibiliza en torno al peñón con varias iniciativas. Una fue la protesta de una docena de embarcaciones españolas el domingo en las aguas de Algeciras. Otra es la llegada ayer a la zona de la fragata británica HMS Westminster con dos buques de apoyo, para unas maniobras rutinarias y asumidas como tales por el Estado español, pero que se han convertido en un elemento más de morbo.

También cabe citar las crecientes críticas de los sindicatos policiales españoles contra la Policía gibraltareña. Y la insistencia de grupúsculos ultras españoles como Manos Limpias en presentar denuncias contra las autoridades de Gibraltar en todo tipo de instituciones y por los motivos más diversos, desde el lanzamiento de los bloques de cemento para crear un arrecife artificial a la práctica del bunkering o intercambio de fuel entre barcos en la bahía.

A todo esto, las colas siguen en la entrada y salida al peñón, aunque de modo interminente. Cada día deben cruzar la verja por motivos de trabajo cerca de 35.000 personas.