Como sabemos, la situación del sistema financiero vasco es estructuralmente distinta de la del conjunto del Estado español -y, en general, de la de Occidente- porque el nivel de riesgo acumulado se encuentra en niveles sustancialmente inferiores.

Esto se debe a dos razones. Por un lado, el reducido peso de las inversiones financieras especulativas de nuestras entidades financieras (aspecto común al conjunto de entidades financieras españolas). Por otro lado, el nivel sensiblemente menor de riesgo crediticio asumido por nuestras entidades con respecto a las del conjunto del Estado.

El que los riesgos de nuestro sistema financiero sean sustancialmente menores no significa, por supuesto, que no existan. En este momento, ante el riesgo de un nuevo estallido en el sistema financiero occidental, como consecuencia de la reorientación de las políticas de rescate y de las políticas monetarias expansivas, las instituciones vascas -como las de otros territorios- deberían analizar qué es lo que en nuestro caso puede o debe hacerse al respecto.

En primer lugar, las instituciones vascas deberían tener clara su responsabilidad. Que se disponga o no de un determinado ámbito competencial no debería ser obstáculo para asumir que, en función de lo que hagamos o no con nuestro sistema financiero, estamos decidiendo también el futuro de la economía real de nuestras familias, empresas e instituciones.

Nuestros responsables públicos deben, en este sentido, superar la sorprendente pasividad que durante estos años de crisis han demostrado ante la necesidad de defender nuestro sistema financiero.

El primer objetivo que deberían plantearse nuestras instituciones debería ser, sin duda, el de proteger a nuestros ciudadanos y empresas a través de la información adecuada. A estas alturas, no es tolerable que se continúe ocultando a la sociedad información esencial sobre la verdadera situación de nuestras entidades financieras. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son los riesgos reales que asumen al ubicar sus depósitos en una u otra entidad.

Que en esta situación las instituciones se dediquen a una permanente cobertura de imagen -cuando no alabanza- de unas u otras entidades es explicable en una circunstancia muy concreta o a muy corto plazo. En ningún caso transcurridos seis años de crisis financiera.

Un segundo objetivo es, evidentemente, proteger la solvencia de nuestras entidades. Ello puede ser más o menos factible dependiendo del tiempo del que se disponga al respecto. En cualquier caso, y precautoriamente, deberían mantenerse las políticas que desde el estallido de la crisis financiera lleva planteando EKAI Center a efectos de «blindar» la solvencia de nuestro sistema financiero.

Ello supone, en primer lugar, acelerar las desinversiones de nuestras entidades financieras en entornos especulativos y, en su conjunto, en otros territorios. Se trata de inversiones en su práctica totalidad de carácter especulativo.

Esto implica, en lo fundamental:

a) acelerar las desinversiones de Kutxabank y Laboral Kutxa en oficinas bancarias en otros territorios.

b) si es posible, liquidar cuanto antes la inversión en Cajasur.

c) complementariamente, reducir al máximo su dependencia con respecto a financiación externa e inversiones de riesgo, como deuda pública en países periféricos europeos.

Tengamos en cuenta que nos estamos refiriendo en todo caso a movimientos de corto plazo ante el riesgo de un nuevo estallido en el sector financiero occidental. Nuestros responsables públicos no deben olvidar que, a medio o largo plazo, el futuro de nuestras entidades financieras depende, fundamentalmente, del futuro de nuestra economía real y que, por lo tanto, estas entidades deben adoptar un posicionamiento activo apostando por nuestro tejido productivo y por el desarrollo tecnológico de las empresas.

Un factor esencial es que nuestros responsables públicos estén o no adecuadamente informados sobre la situación de nuestras entidades financieras, sobre sus riesgos y sobre las opciones de las que estas entidades disponen para posicionarse adecuadamente o para hacer frente a una posible crisis bancaria. De cualquier forma, como sabemos, la situación de nuestras entidades financieras clave, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, es, en lo fundamental, sana.

Menos clara es la situación de los grandes bancos con presencia sustancial en nuestro territorio. Fundamentalmente, en nuestro caso, BBVA y Grupo Santander. En primer lugar, estos bancos, como consecuencia de su dimensión, se sitúan dentro del grupo de entidades que, en el conjunto de Occidente, acumulan los grandes riesgos que amenazan la estabilidad de la economía de nuestros países. Un riesgo que es, en buena parte, de banca al por menor, pero, fundamentalmente, riesgo de banca de inversión, a través sobre todo de operaciones de derivados financieros.

Recordemos al respecto, por un lado, que -como consecuencia de la regulación española- BBVA y Grupo Santander no han realizado en el Estado español operaciones significativas de riesgo especulativo en derivados financieros. Pero sí las han afrontado en otros territorios, en los que tienen una gran presencia (UK, USA o Hispanoamérica).

El posicionamiento de nuestras entidades públicas al respecto debería consistir, en primer lugar, en abordar una labor de investigación y análisis destinada a estimar -dentro de lo razonablemente posible- estos riesgos y, de esta forma, prever en qué medida los riesgos asumidos por estos grandes bancos pueden representar una amenaza global para nuestros ciudadanos y nuestras empresas en caso de crisis financiera internacional.

Al mismo tiempo, nuestros responsables políticos también deberían asumir un posicionamiento activo ante las instituciones españolas a efectos de impulsar que, cuanto antes, se aborden políticas de separación de la banca comercial y la banca de inversión en los grandes bancos españoles, con el fin de asegurar que las pérdidas que pudieran generar las actividades de las bancas de inversiones no castiguen indebidamente a los depositantes.