Una vez más, Bildu solicita que Barcina dé explicaciones en el Parlamento por nuevos escándalos en la CAN. Los últimos datos conocidos en relación a las actas de la Permanente de la Junta de Fundadores vuelven a dejar en entredicho el papel que jugó la presidenta en la caja. Esas actas aparecen por primera vez en los archivos de la entidad más de un año después de que se celebraran las sesiones. Además, 12 de las 16 actas fueron manipuladas posteriormente.

Barcina tiene responsabilidad directa en la aprobación de cuatro de esas actas, ya que las validó con su firma. En concreto, los documentos relativos a la penúltima reunión que celebró la Permanente (30 de agosto de 2011) fueron manipulados después de que la asociación sin ánimo de lucro Kontuz plantease una denuncia. Por esas dos reuniones, Barcina cobró 5.360 euros. La última versión de ese documento es del 25 de enero de este mismo año, una semana después de la denuncia.

Una de las dudas principales que deberá resolver Barcina es cuándo dio por bueno ese documento. Para que el acta tuviera validez, debía estar firmada por la presidenta de la Permanente y en el acta modificada tras la denuncia ese cargo lo ocupaba Barcina. Si estampó su firma sobre la última versión de ese documento informático, la presidenta navarra habría alterado un documento cuando el proceso judicial ya estaba en marcha.

Oportunidad para aclarar todo

Barcina nunca se ha pronunciado sobre en qué momento dio validez a las actas que le correspondía firmar. La investigación sobre el presunto cohecho quedó detenida justo antes de que la presidenta fuera interrogada. Debido al aforamiento, la juez que instruye el caso tuvo que elevar una exposición motivada al Tribunal Supremo español, que decidió dar carpetazo a la causa y descartar el cohecho con un auto que resultó sumamente polémico. Aun así, la investigación no está muerta, dado que la juez de Iruñea sigue sin archivar el caso.

«El informe remitido por la Guardia Civil a la juez María Paz Benito recoge que dos de las actas de dicho órgano se modificaron con el caso ya en los tribunales y cuando la entidad era dirigida por una gestora directamente nombrada por la presidenta de Navarra. Consideramos imprescindible que Barcina aclare estos hechos y se depuren responsabilidades», reza la petición de Bildu.

Por otro lado, los últimos datos conocidos a raíz de un informe de la Guardia Civil desmontan las versiones que dieron a la juez tanto el secretario general de CAN, Alberto Pascual, como su segunda, Amaya Rández. Esta última llegó a asegurar que era ella quien elaboraba las actas y las pasaba a firmar, pero ella ya no trabajaba en la caja cuando se introdujeron las últimas modificaciones.