El Congreso argentino ha aprobado una declaración expresando su «enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista y la impunidad de que gozan sus responsables, solidarizándose con las víctimas y apoyando el proceso judicial abierto en nuestro país para investigar los crímenes».

La resolución, que cuenta con la firma de los presidentes del Congreso y de la Comisión de Derechos Humanos así como de ocho diputados, fue adoptada el miércoles por la noche tras la reunión que mantuvieron con con dos representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) -Josu Ibargutxi y José María Chato Galante- y con Soledad Luque, en nombre de nueve asociaciones que denuncian el robo de bebés en el Estado español. Los tres viajaron el lunes pasado a Buenos Aires para recabar apoyos tanto a nivel de organismos de derechos humanos como institucional a la querella presentada el 14 de abril de 2010 ante la juez federal de Buenos Aires María Servini de Cubría.

El texto critica «la absoluta denegación de justicia existente en España» y remarca que la querella presentada el 14 de abril de 2010 ante la juez federal María Servini de Cubría es a día de hoy la única vía abierta para investigar estos crímenes.

«Las víctimas del genocidio sufrido por nuestros pueblos recurrieron a los tribunales españoles y a los de otros países europeos en procura de que se les otorgara el amparo judicial que los nuestros les denegaban. Hoy las víctimas del genocidio franquista, uno de los más graves perpetrados en el siglo XX, lo hacen ante los tribunales de justicia argentinos con el mismo propósito», subraya la resolución.

CeAQUA valoró el respaldo «unánime y contundente» de los diputados y «el consenso entre partidos y tendencias diferentes». «El encuentro estuvo cargado de humanidad, emoción y verdaderas muestras de solidaridad», destacaron los representantes de la plataforma.

En el marco de este viaje, acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora en su habitual marcha de los jueves y comparecieron junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayor, Estela de Carlotto, quien consideró que «los delitos de lesa humanidad deben ser perseguidos por los tribunales de cualquier país». Y tenían programadas reuniones con el alcalde de Ciudad de La Plata y el Equipo Argentino de Antropología Forense y una visita al Espacio Memoria y Derechos Humanos abierto en la ESMA.