El Tribunal Constitucional portugués rechazó un proyecto de ley del Gobierno que permitía el despido de funcionarios en el marco de la política de austeridad. Algunos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales en la medida en que contradicen «la garantía de seguridad del empleo», indicó el presidente del Tribunal. Este proyecto preveía que los funcionarios disponibles podrían seguir un proceso de recualificación y recibirían durante seis meses un 63% de su salario y, luego, el 50% durante el medio año siguiente. Si al cabo de un año, no recibían un nuevo destino, podían ser despedidos