En una comparecencia convocada a las siete de la mañana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenó la militarización de la capital y varios municipios con el despliegue de 50.000 militares y el regreso de los encargados de negociar con los campesinos en Tunja, los ministros de Interior, Fernando Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán.

Empleó un duro discurso al referirse a los enfrentamientos registrados el jueves en Bogotá, que se saldaron con la muerte de dos personas y decenas de heridos. Según informó el alcalde Gustavo Petro, un joven de 16 años murió de un disparo en la frente al norte de Bogotá. Su padre culpó a la Policía. Otro joven de 24 años falleció en la localidad de Engativá.

Santos ofreció «hasta cinco millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y judicializar a estos agentes de la violencia» y que con ese fin colgarán en la página web de la Policía así como en las redes sociales imágenes de los enfrentamientos con unidades especiales de la Policía. «Vamos a desmantelar a un verdadero cártel de los vándalos», afirmó.

Y apuntó con el dedo acusador hacia la Marcha Patriótica, que, según dijo, «no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les importan los intereses de los campesinos».

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, volvió a hablar de «infiltrados» en las movilizaciones, refiriéndose como en ocasiones anteriores a las FARC.

«Que aquí quede claro que no hay ningunas palomitas, que aquí lo que hay son unos vándalos, criminales, al servicio de intereses oscuros, por supuesto al servicio de los terroristas de las FARC y de sus conexiones políticas», declaró.

«Ante ello, la Fuerza Pública tiene el deber de responder con toda contundencia, porque tiene el deber de defender a los ciudadanos y los bienes públicos», advirtió. Desde que comenzó el paro agropecuario nacional, 512 personas han sido imputadas por participar en las protestas y podrían ser procesadas por «terrorismo».

Pese a este adverso contexto, campesinos de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño anunciaron el fin de los bloqueos en las carreteras no sin antes denunciar la militarización ordenada por Santos, aunque aseguraron que mantendrían el paro «permitiendo el libre tránsito de los vehículos de todo tipo y apostándonos al borde de las carreteras». Esa era una de las condiciones impuestas por el presidente para reanudar el diálogo y permitir el regreso a la mesa de los ministros de Interior y Agricultura.

Horas después, en una nueva comparecencia, Santos anunció que su Gobierno va a «trabajar para construir un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural y en ese proceso vamos a incluir a todos los interesados, que no son solo los del sector agropecuario». Dijo que esta decisión la tomó tras una reunión «larga y constructiva con todo el sector productivo del país».