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Piden a Lakua que reconsidere el fin de las partidas para las AES

Tanto el Ayuntamiento de Donostia como el sindicato LAB mostraron ayer su oposición al anuncio efectuado por el consejero Juan María Aburto de no destinar más dinero para las Ayudas de Emergencia Social (AES), tras agotarse la partida de 17,3 millones, porque «no hay disponibilidad presupuestaria». El Consistorio donostiarra le pide que reconsidere su postura porque es una cuestión de «voluntad política».

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Joseba SALBADOR |

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, señalaba el pasado jueves que es habitual que se agote el dinero para las Ayudas de Emergencia Social antes de que acabe el año, «ya que esto ha ocurrido en ejercicios anteriores», pero admitió que en esta ocasión su Departamento no cuenta con recursos para ampliar la partida, como ha hecho otros años.

En cualquier caso, añadió que a diferencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que está garantizada por ley, las AES no son un derecho subjetivo y por tanto su percepción está «sujeta a la disponibilidad presupuestaria».

Tras conocer este anuncio, el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia, Jon Albizu, señaló que «en la situación de emergencia en la que nos encontramos, esta no era la respuesta que esperábamos». A su juicio, «no valen las excusas presupuestarias», ya que «no es una cuestión de contabilidad, sino de voluntad política».

Tras recordar que el Ayuntamiento donostiarra tiene un presupuesto 108 millones de euros inferior al de hace cinco años, Albizu afirmó que «nosotros hemos duplicado las ayudas». En concreto, indicó que este año destinarán alrededor de 900.000 euros de sus fondos para atender estas necesidades.

Por todo ello, el pleno del Ayuntamiento, al igual que otros muchos consistorios de la CAV, ha solicitado que se destine más dinero a las AES, ya que «la calidad de vida y la dignidad de más de 4.000 personas en Donostia depende de esta pequeña ayuda».

También el sindicato LAB reclama la «habilitación inmediata» de los medios económicos necesarios para «para atender las necesidades más urgentes».

En un comunicado, la central abertzale denuncia que «la precariedad y la pobreza no dejan de extenderse entre la población vasca» y alude a los más de 35.000 menores que viven en la CAV en familias sin recursos económicos.

En su opinión, éste es «un ejemplo más a añadir a las cifras del paro, los contratos temporales, el no acceso a la vivienda o la falta de recursos. En definitiva, la imposibilidad para miles de personas de poder contar con una existencia digna».

LAB cree «inaceptable» que Lakua «se esconda en la no obligación de proporcionar estas ayudas, a pesar de cumplir todos los requisitos, porque la ley considera que no es un derecho subjetivo exigible. Estamos hablando de necesidades vitales como poder hacer frente a los gastos de alquiler, al carecer de recursos suficientes», concluye.

fondos propios

El Ayuntamiento donostiarra indicó que pese a tener un presupuesto 108 millones de euros inferior al de hace cinco años, ha duplicado las ayudas. En concreto, este año destinará unos 900.000 euros de sus fondos para atender estas necesidades.

MOVILIZACION

LAB expresa la necesidad de la movilización «en favor de unas políticas coherentes» que, «además de responder a las consecuencias más crueles de la pobreza, establezcan las bases para su superación».

El SAT se lleva material escolar de un Carrefour

Un año después de que los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y diversos colectivos sacasen carros de comida de varios hipermercados de Sevilla, Cádiz y Badajoz, unos doscientos simpatizantes de la organización protagonizaron ayer una «expropiación simbólica de material escolar» en un Carrefour de la localidad de Dos Hermanas (Sevilla).

Encabezados por su secretario general, Diego Cañamero, y al grito de «¡viva la educación pública y gratuita!» sacaron una decena de carros llenos de material escolar para denunciar la situación de pobreza de dos millones de andaluces y la situación de las 400.000 familias que no reciben ningún tipo de prestación.

En su web, el SAT explica que el material expropiado se compone de lápices, gomas de borrar, rotuladores y artículos similares y que serán entregados los próximos días a familias necesitadas.

Para Cañamero, se trata de una acción «simbólica» y no de un delito. «Es una acción que no está legalizada, pero es un acto solidario, y ya que Carrefour dice que dona comida a los bancos de alimentos, pues que nos done también estos carros. Les hemos ahorrado trabajo», dijo. GARA

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