El Ayuntamiento de Kuartango recurrirá ante la Jurisdicción Contencioso-administrativo la denegación por parte del Gobierno español del permiso para celebrar una consulta popular sobre el uso del fracking dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El alcalde, Iñaki Guillerna (PNV), declaró ayer a la agencia Efe que está «tremendamente enfadado y desilusionado», y defendió que cualquier municipio es competente para convocar una consulta referida al PGOU. Recordó al respecto que la propia Ley del Suelo de la CAV contempla la consulta popular como uno de los métodos a utilizar a la hora de redactar los planes de ordenación urbana.

El primer edil de este municipio alavés reconoció que recurrir a lo Contencioso-administrativo puede suponer dilatar la resolución del tema uno o dos años, pero remarcó que lo que está en juego es la defensa de los intereses de los vecinos. Considera que si el Ayuntamiento no puede llevar a cabo una consulta vinculante ni legal como pretendía, se tendrá que hacer de otra manera «para que no callen al pueblo». Y animó a la población y a asociaciones y plataformas a promover una consulta alternativa.

Entre tanto, el Gobierno español ha puesto en marcha la tramitación del proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que obligará a los proyectos de fracturación hidráulica a presentar una evaluación de impacto. El movimiento ecologista ya ha advertido de que esta nueva ley no añadirá garantías en la preservación del medio y, en lo que respecta a la «reducción de plazos», temen que con la futura norma se aprueben más proyectos en menos tiempo.