El Gobierno portugués insinuó ayer de que hay circunstancias que «no puede controlar» para evitar un segundo rescate, en alusión a la anulación judicial de sus medidas de ahorro, mientras la oposición lo tildó de «incompetente». La sentencia del Constitucional que decretó este jueves ilegal una ley cuyo objetivo era acelerar la disminución de funcionarios públicos ha alimentado los rumores de un posible segundo rescate si el Ejecutivo no cumple con los recortes pactados con la UE y el FMI, acreedores del país. El revés judicial impidió al Gobierno utilizar la norma que le permitiría un ahorro de 900 millones de euros en tres años, hasta 2015.