La Marcha Patriótica de Colombia exigió ayer al presidente, Juan Manuel Santos, que se retracte públicamente de sus acusaciones contra este movimiento, al que culpó de querer «imponer su agenda política para impedir que se llegue a un acuerdo» entre el Gobierno y los sectores que han convocado el paro nacional agrario, asegurando que «desconoce los intereses de los campesinos». Además, Santos ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes den información para identificar y capturar a quienes, según el mandatario, «amenazan y extorsionan a las personas y empresas para obligarlas a parar», lo que ha llevado a la Marcha Patriótica a reclamar que se garantice la integridad de sus miembros, así como de todos los que participan en estas movilizaciones, ante el «eminente riesgo» en el que se encuentran.

Reclamó el fin de la criminalización de la protesta social en el país, que lleva consigo la represión y la estigmatización del movimiento social y popular. Y recordó que, hasta la fecha, en el marco del paro nacional iniciado el pasado día 19 se han registrado nueve muertos, cerca de 800 heridos y 512 detenciones.

En un comunicado,responsabilizó a Santos y a los responsables de la Policía (general Rodolfo Palomino) y del Ejército (general Óscar Gutiérrez) de lo que les pueda ocurrir a sus integrantes y denunció que Colombia se encuentra en una delicada situación humanitaria, por la «agudización» de las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y del Ejército. Calificó de «dramática» la situación en las zonas urbanas en cuando a las garantías para la movilización y la protesta social.