Desde el primer momento en que un extranjero pisa territorio saharaui, percibe que la pretendida normalidad que alega Marruecos es una gran mentira. El atosigante control y la presencia militar y policial son la mejor prueba de que el Sahara Occidental no es una provincia más de Marruecos, a diferencia de lo que sostiene la propaganda oficial alauí. Desde Marrakech hasta El Aaiún, hay que pasar cinco controles, y otros siete para ir de El Aaiún a Dakhla. En todos, cuando las fuerzas de ocupación marroquíes detectan la presencia de algún extranjero, éste es interrogado sobre los motivos de su viaje al Sáhara, su profesión... Los seguimientos policiales a todo extranjero son una constante durante la estancia en el territorio ocupado, como también lo son los exhaustivos controles a los que son sometidos los visitantes cuando se disponen a regresar a sus lugares de origen.

En cualquier caso, los obstáculos y problemas con que se topa un ciudadano extranjero no dejan de ser una anécdota en comparación con la cotidiana represión y vulneración de derechos, tanto colectivos como individuales, a la que deben enfrentarse los ciudadanos saharauis que no aceptan la política de asimilación impuesta por el reino alauí.

La lucha de los saharauis en los territorios ocupados tiene como principal reivindicación la celebración del referéndum que se acordó en 1991 con el beneplácito de la ONU y cuya realización se halla totalmente paralizada, debido a la actitud de bloqueo de Marruecos y la pasividad cómplice de la comunidad internacional. El reino alauí tiene como objetivo obstaculizar la realización de la citada consulta, con el fin de ganar tiempo, mientras puebla el Sahara Occidental con colonos procedentes de Marruecos para alterar de forma artificial la realidad demográfica. Hoy día, tras casi 40 años de colonización marroquí, los saharauis que residen en el Sahara Occidental representan solo en torno al 25% del conjunto de la población, a los que hay que sumar otros 200.000 saharauis que habitan en los campos de refugiados de Tinduf.

Los colonos marroquíes que se asientan en el Sahara pertenecen, por lo general, a las clases más empobrecidas de Marruecos y van a vivir al Sahara ocupado porque el Estado les proporciona ayudas y exenciones fiscales, así como facilidades para adquirir una vivienda y un puesto de trabajo, mientras que todo ello le está vetado a la población saharaui, con el objetivo de forzar su éxodo ante la imposibilidad de desarrollar un proyecto de vida en su propia tierra.

Esta realidad ha hecho que, a día de hoy, la población saharaui y los colonos marroquíes vivan completamente separados, sin interrelacionarse apenas.

Represión de Gdeim Izik

Junto con esta realidad de segregación y apartheid contra los ciudadanos saharauis que llevan a cabo las autoridades de Marruecos, convive la represión salvaje e indiscriminada contra todo intento de los saharauis de organizarse a nivel político, sindical, cultural y social. El ejemplo más patente y cruel fue la brutal represión ejercida contra el campamento de Gdeim Izik en 2010, que se saldó con varios saharauis muertos y decenas de heridos y detenidos. Represión que se mantiene en la actualidad como quedó en evidencia en el el juicio contra los 21 presos de Gdeim Izik, que fueron juzgados en el marco de un proceso totalmente irregular llevado adelante por un tribunal militar marroquí, a pesar de ser todos ellos son civiles.

Tras ser sentenciados a duras condenas, que incluyen varias cadenas perpetuas, se encuentran encarcelados cerca de Rabat, en la cárcel de Saleh, a 1.200 kilómetros de su tierra, lo que supone largos desplazamientos de 24 horas en autobús para sus familiares cada vez que van a visitarles. En estos momentos, hay 67 presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, cuya puesta en libertad reclama todo el movimiento saharaui. Muchos de ellos están dispersados en prisiones ubicadas en Marruecos, con una nula asistencia sanitaria y una alimentación deficiente y escasa.

Asimismo, el número de personas desaparecidas desde 1975 es de más de 600, de las cuales unas 30 desaparecieron con posterioridad a la firma del alto el fuego de 1991. Destaca el caso de 15 desaparecidos el 25 de diciembre de 2005, cuyas familias siguen intentando saber su paradero sin que hayan recibido algún tipo de información por parte de las autoridades marroquíes. Las asociaciones de derechos humanos saharauis exigen que se diga a sus familias dónde se encuentran sus cuerpos o qué fue de ellos.

También la situación de los expresos políticos saharauis sigue siendo muy crítica desde el punto de vista humanitario, dado que les está vedado participar en la vida pública y política. Además, el acceso al mercado de trabajo es nulo y sistemáticamente se les deniega la asistencia sanitaria para poder hacer frente a las enfermedades contraídas durante su estancia en prisión.

Expolio y discriminación laboral

Pero junto con la represión explícita, hay una represión más implícita que se basa en la negación de la cultura saharaui y el expolio de su patrimonio cultural. Así, el hassania, el dialecto del árabe hablado en el Sahara, está proscrito de la enseñanza y de la vida pública. El uso de las tradicionales haimas saharauis también se halla restringido, e incluso el de la ropa tradicional saharaui. Las organizaciones políticas, culturales, sindicales y sociales saharauis jamás son legalmente reconocidas. El objetivo es siempre el mismo: la asimilación cultural total por parte de Marruecos. A ello habría que añadir que no hay ninguna universidad en el Sahara y, por tanto, los jóvenes saharauis que desean cursar estudios superiores deben ir a las universidades marroquíes de Marrakech o Rabat, lo que dispara los costes económicos de los estudios, al margen de la discriminación que sufren en las facultades marroquíes.

Una vez que terminan sus estudios, además, carecen de toda expectativa de trabajar en la materia estudiada en caso de que regresen a vivir al Sahara.

Los trabajadores saharauis suponen solo el 6% de la población activa. La población originaria sufre un mayor porcentaje de desempleo que la marroquí, además de tener vetadas determinadas profesiones que las autoridades marroquíes consideran «sensibles», como funcionarios, médicos, pilotos, periodistas... Quienes tienen la suerte de tener un empleo no se libran, sin embargo, de la evidente discriminación laboral, ya que habitualmente son relegados a puestos de trabajo de categoría y remuneración inferior.

Organizaciones sindicales como la Confederación Sindical de Trabajadores Saharauis (CSTS) están intentando que el Estado español asuma su responsabilidad histórica y abone indemnizaciones a 24.000 trabajadores saharauis que se quedaron en el desempleo cuando la Administración española abandonó esta colonia, dejándoles de la noche a la mañana y sin previo aviso sin trabajo.

Paralelamente, Marruecos continúa con el expolio y saqueo de las riquezas marítimas y terrestres del Sahara (fosfatos, pesca, sal...), lo que es posible gracias a los acuerdos comerciales que tiene con compañías europeas y estadounidenses, a pesar de que los citados pactos serían nulos de pleno derecho de acuerdo a la legalidad internacional, porque se basan en la utilización de los recursos de un territorio pendiente de un proceso de descolonización y se beneficia de ellos Marruecos, cuya administración del territorio saharaui es totalmente ilegítima. Se calcula que los beneficios que le reporta la explotación de los recursos saharauis suponen cerca de un tercio del PIB marroquí anual.

Organización en la lucha

Pero en este contexto de ocupación y represión asfixiantes, la población saharaui, al constatar la actitud de bloqueo de Marruecos en relación al prometido y nunca celebrado referéndum, comenzó a crear a finales de la década de los años 90 y comienzos del nuevo siglo diferentes organizaciones de ámbito sectorial (antirrepresivas, de defensa de los derechos humanos, de mujeres, sindicales, estudiantiles, de desempleados...) con el doble objetivo de denunciar la ocupación ilegal del Sahara y de trabajar los temas sectoriales que atañen a cada una de ellas.

Mención especial merece el hecho de que una nueva generación de saharauis se ha unido a la lucha. Unos jóvenes que apuestan por llevar la movilización a la calle, en forma de desobediencia civil pacífica, organizando manifestaciones esporádicas en defensa de los derechos del pueblo saharaui, que suelen ser reprimidas por las fuerzas de ocupación marroquíes. Hay que destacar la labor de Equipe Media, un grupo de contrainformación que graba estas movilizaciones y la habitual represión marroquí que llevan parejas, con el objetivo de dar a conocer esta realidad al mundo, ya que, remarcan, es necesario internacionalizar el conflicto, porque solo mediante la presión internacional se podrá lograr que Marruecos acepte una solución justa y democrática al conflicto.

Es una generación que comenzó a involucrarse en la lucha en los levantamientos de 2005 y que alcanzó plena madurez con la organización del campamento y posterior represión de Gdeim Izik. Una generación que, por desgracia, tiene incluso sus propios mártires, como Hamdi Barki (muerto durante las revueltas de 2005), Babi Mahmud Hamadi y Said Dember (ejecutados en 2010), y cuenta con varios activistas entre rejas.

En manos de ellos, de su compromiso y su lucha, y del conjunto de la sociedad saharaui, tanto de la población que resiste en los territorios ocupados como de la que se encuentra refugiada en Tinduf y de la diáspora saharaui, está el futuro de su pueblo. Lo saben y, por eso, tal y como insisten una y otra vez, continuarán peleando por una solución que tenga como base la libertad y la democracia para la nación saharaui.

Algo en lo que la comunidad internacional debe implicarse, especialmente estados como el español, cuya responsabilidad histórica en el proceso de descolonización del Sahara es evidente. No vale ahora intentar lavarse las manos, porque estarán sucias de sangre inocente saharaui mientras no se repare esta injusticia histórica.