Los 17,3 millones de euros presupuestados por el Gobierno de Lakua para el pago de las Ayudas de Emergencia Social se han quedado cortos. Y a cuatro meses para que finalice el año, ya hay ayuntamientos que no disponen de fondos para hacer frente a las necesidades de sus conciudadanos. La responsabilidad de garantizar esas cantidades es del Ejecutivo autonómico, pero su consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan Mari Aburto, ya ha anunciado que no va a ampliar la partida. Dice que no hay dinero.

EH Bildu no comparte esa afirmación. Es una cuestión de elección. Las parlamentarias Belén Arrondo y Eva Blanco afirmaron ayer que «dinero sí hay; el problema es que el Gobierno prefiere gastarlo en cemento en vez de dedicarlo a lo que importa, que son las personas».

Lo peor es que esto se veía venir y así se lo advirtieron al Ejecutivo desde la coalición independentista y desde otros grupos durante el debate presupuestario. Después lo hizo también la asociación de municipios Eudel. El cambio en los criterios para la concesión de las ayudas realizado siguiendo las recomendaciones del Ararteko y la agudización de las crisis económica, hacían prever que las peticiones iban a incrementarse. Sin embargo, la partida presupuestaria siguió siendo la de años anteriores. De hecho, según EH Bildu, permanece congelada desde 2010.

El papel del Parlamento

Ante la evidencia de lo que iba a ocurrir y con lo que ya se estaba comprobando en los propios ayuntamientos, EH Bildu presentó el pasado 8 de julio una proposición no de ley para que el Parlamento inste al Gobierno a que garantice el pago de las ayudas que cumplan los requisitos durante lo que resta de 2013, y que prevea para 2014 una partida presupuestaria suficiente para hacer frente a todas las necesidades.

La coalición independentista espera que la cuestión se trate en los primeros plenos del inicio del nuevo periodo de sesiones, puesto que entiende que es un problema «extremadamente grave y urgente», ya que constituye un drama para miles de familias, «por culpa de la irresponsabilidad del Gobierno vasco», según detallaron Belén Arrondo y Eva Blanco.

En principio, no debiera de haber mayor problema para que este texto u otro similar se aprobaran, puesto que el PSE también registró una propuesta de similares características diez días después de que lo hiciera EH Bildu.

Por otra parte, el parlamentario del PP y alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, se ha mostrado estos días muy crítico con la actuación del Ejecutivo autonómico, al que acusa de no hacer frente a sus responsabilidades. El Ayuntamiento de la capital alavesa decidió el martes, por un acuerdo entre PP y PNV y tras los requerimientos de otros grupos municipales, hacerse cargo del pago de las AES hasta final de año. Por tanto, cabe entender que el PP podría apoyar en la Cámara una iniciativa para que el Gobierno aumente la partida para este fin.

Para situaciones de emergencia

Las Ayudas de Emergencia Social están previstas para que individuos y familias puedan hacer frente a una necesidad perentoria y urgente en una situación de carencia o estrechez de recursos económicos que se produce en un momento dado, motivada por causas ajenas a ellos o sobrevenidas. Se destina a gastos de vivienda, vestido, alimentación, salud y educación.

El consejero Juan Mari Aburto sostiene que, a diferencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que está garantizada por ley, las AES no son un derecho subjetivo y por tanto su percepción está «sujeta a la disponibilidad presupuestaria». Pero no puede olvidarse que quien determina dicha disponibilidad es el propio Gobierno, el mismo que dice no tener dinero para esta partida pero se ofreció a adelantar cantidades mayores para las obras del TAV en Araba y Bizkaia. Además, la legislación y el propio decreto de concesión de las ayudas determina que «en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se consignarán anualmente los recursos económicos necesarios para la financiación de las cuantías de las AES».

Arrondo y Blanco afirmaron ayer que «Urkullu y su equipo no se cansan de repetir que en el centro de su política están las personas. Pues que lo demuestren. Ahora tienen una ocasión inmejorable de demostrar que eso es verdad y no mera palabrería». Y añadieron que «cada día que pasa sin que el Gobierno solucione este problema es un drama para miles de familias, y en EH Bildu no estamos dispuestos a asumirlo en silencio y con resignación».

Petición de Eudel

El pasado 20 de junio, Eudel, la asociación de municipios que preside la jeltzale Ibone Bengoetxea ya avisó al Gobierno de Lakua de la situación y pidió al consejero que dotara de fondos necesario a los ayuntamientos.

Algunos, como el de Donostia y recientemente el de Gasteiz, han decidido asumir esa carga con sus propios presupuestos. Desde EH Bildu consideraron loables estas decisiones, pero insistieron en que la responsabilidad es del Gobierno, que no se puede quedar cruzado de brazos «dando por buena la situación de penuria de miles de personas», a las que deja sin ayudas que necesitan.