El debate fiscal en Euskal Herria expresa diferentes significados que van desde la financiación de las instituciones públicas, a la determinación de las funciones de gobierno. Y, además, marca en cierta medida el carácter político y democrático de la sociedad vasca. La fiscalidad encierra muchos elementos de la conformación social y de sus dinámicas. Es un asunto técnico en la medida que la técnica es necesaria, pero fundamentalmente es un asunto de política, de mucha o poca visión social. Y en tanto que se habla de las cosas públicas, de aspectos del dinero, la recaudación y las ganancias y su uso colectivo, tiene aspectos éticos e ideológicos. Y su gran importancia radica en que es clave para organizar la existencia social vasca, o preferiblemente, la coexistencia.

De ahí que, como debate y como desafío, no puede sino celebrarse que Euskal Herria lo afronte con seriedad. Que las posturas se vayan clarificando y, aunque en algunos casos sea más por imperativo de un contexto de recesión que por convencimiento propio, que se hable de la necesidad de una reforma en profundidad es algo positivo. Gipuzkoa, pionera en dar pasos -parciales y limitados, pero pasos- para una fiscalidad más progresiva y redistributiva, en cerrar las puertas a las múltiples operaciones de ingeniería contable que permitían, con demasiada facilidad, la elusión fiscal, el robo y el fraude, se presenta en el debate con los deberes adelantados. Nafarroa y Araba, gobernadas por la derecha españolista, apuestan ideológicamente por rebajar los impuestos los sectores con mayor capacidad económica, mientras se espera el detalle, la letra pequeña del inminente acuerdo fiscal entre el PNV y el PSE que tendrá que ser refrendado por instituciones que no gobiernan.

La fiscalidad en este país requiere un cambio radical, de justicia, que obligue a tributar mucho más al capital y las grandes fortunas para combinar con éxito prestaciones sociales universales, estabilidad macroeconómica y una gestión idónea de los asuntos públicos.