El presidente de la CEOE, Joan Rosell, ha vuelto a abrir la boca. Propone disminuir «privilegios» (léase derechos), de personas con trabajo fijo para trasvasar algo de seguridad a la creciente eventualidad. Afirma, no obstante, que no cree que esta medida tenga futuro porque no será aceptada por esa élite asalariada indefinida. Se atreve a acusarnos de insolidaridad un personaje que no hace sino defender y representar a quienes solo basan su existencia en la búsqueda de obtención de lucro, cuanto más mejor, a costa de lo que sea. Su antecesor en el cargo ejemplifica bien a lo qué nos referimos. Tampoco su actual vicepresidente, Arturo Fernández, con su «costumbre» de pagar en negro a su plantilla, contribuye en exceso a que tomemos en consideración cualquier iniciativa que proceda de la CEOE.

Con esta valoración de Rosell, parece que la propia patronal reconoce que la actual situación de precarización laboral ha sobrepasado ese umbral que la lleva a dejar de ser rentable desde su punto de vista productivista. Por supuesto, desde su punto de vista, la solución no pasa por cuestionar sus beneficios ni su actividad desarrollista, el problema es la existencia de derechos.

Lo que debe preocuparnos es que lo que hoy suena a burrada, con el paso del tiempo, con el aderezo de una buena propaganda y la sesuda labor de algunos tertulianos bien pagados, esta percepción vaya logrando algún arraigo en el imaginario colectivo. De hecho, algo han avanzado, convenciendo con no poco éxito de que en esta jungla social en la que vivimos, la inmigración o el funcionariado representan serias amenazas para el bienestar de la mayoría. La cena está servida en este banquete caníbal en el que nos hacen competir por cada vez menos pan y menos circo.

Así, Rosell plantea el antirreparto, basado en generalizar la vulnerabilidad, mientras se blinda así la acumulación de beneficios en pocas manos. Mucho tiene que ver esta propuesta con el antirreparto que ya propuso Barcina con su plan contra el paro a costa de dividir los contratos temporales en dos. El verdadero reparto que propugnamos desde el movimiento social y sindical se sitúa en la antítesis de estas propuestas. Por supuesto que entendemos que buena parte de la población asalariada tiene que ver disminuida su capacidad de consumo en beneficio de los sectores sociales más precarizados, pero no se nos olvida que quienes más tienen que ceder para el reparto son quienes más han acumulado de forma ignominiosa, quienes realmente representan el privilegio y la desfachatez en un mundo cada vez más injusto y desigual, quienes han especulado y explotado por encima de sus posibilidades y ahora piden que nos repartamos mejor las migajas.

Hablando de antirreparto, el pasado mes de mayo, de mano de la Cátedra de Investigación Para la Igualdad y la Integración Social, se publicó el informe «Vivir con menos de 454 euros al mes en Navarra». En este se alerta sobre una aceleración en la generación de desigualdad y de pobreza severa debido a un rápido ascenso del paro. En esta dinámica, las iniciativas tomadas a nivel político, lejos de suponer freno alguno, han empeorado la situación de muchas personas debido a las restricciones para el acceso a la Renta de Inclusión (antes Renta Básica), dejando bien claro cuál es la verdadera acción de Gobierno en Nafarroa. No hay derecho a que nos insulten con propuestas y con políticas que ocultan la verdadera raíz económica y social de la pobreza y del paro y nos llevan a competir agresivamente entre iguales, condenando a la exclusión a los sectores más débiles.

Ante sus recetas, no se trata de mostrar escepticismo, se trata de articular una fuerte oposición colectiva. El saber llevarla a cabo, en un paisaje social cambiante y en declive, supone todo un reto que no debemos dejar de asumir. Empecemos por desmontar su discurso día a día, porque no cejan.