El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, celebrará mañana la vista oral sobre la demanda presentada por la Comisión Europea contra el Estado español para la recuperación de las deducciones fiscales concedidas en los años 90 a unas 300 empresas vascas.

La vista, que comenzará a las 9.30 horas y se celebrará en la gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), reservada a casos destacados, dará la oportunidad tanto a las administraciones vascas -que tienen que ser representadas obligatoriamente por la Abogacía del Estado español- como al Ejecutivo comunitario de exponer durante 40 minutos sus argumentos, según precisan fuentes del Tribunal.

Los quince jueces que decidirán sobre este caso no se pronunciarán inmediatamente, sino que su decisión final podría demorarse más de un año.

Tras la vista de mañana, uno de los abogados generales de la corte emitirá sus conclusiones, y pasados unos meses y sobre esa base, la máxima instancia judicial comunitaria pronunciará su sentencia definitiva, que pondrá punto final a más de una década de litigo.

La vista y la posible multa afecta a las últimas medidas de las llamadas «vacaciones fiscales vascas», que ya fueron declaradas ilegales por el Tribunal en julio de 2011.

La Comisión solicitó que el Tribunal de la UE impusiera al Estado español una sanción de 25.817 euros por día, a contar desde que pidió la recuperación de las ayudas en diciembre de 2006, lo que suma, a día de hoy, una cantidad cercana a 64 millones de euros.

En el caso de que se emita sentencia confirmatoria, y hasta el momento en que el Tribunal considere que las diputaciones han recuperado todas las ayudas, la multa crecerá no ya a razón de 25.817 euros diarios, sino de 236.044 euros cada día.

El Tribunal deberá decidir qué criterios son los correctos desde el punto de vista de la recuperación de ayudas de Estado, puesto que no existe jurisprudencia al respecto, y será la primera vez que determine cómo debe aplicarse la regla de «mínimos» en un proceso de recuperación, y cómo se entiende el efecto incentivador en el caso de ayudas fiscales.

En representación de la Diputación alavesa acudirá a esta vista el diputado general, Javier de Andrés (PP), mientras la delegación de Bizkaia irá encabezada por el director general de Hacienda, Félix Ayarza, y la de Gipuzkoa, por el director foral de Hacienda, Xabier Olano.

Fuentes de la Diputación guipuzcoana han indicado a este diario que su posición será la de defender que la totalidad de las ayudas ya ha sido recuperada. «Este Gobierno ya anunció en su día que recuperaría las cantidades que no se recuperaron en anteriores legislaturas, y el martes plantearemos que el trabajo ya está hecho», indicaron, motivo por el que esperan que los jueces lo tengan en consideración.

En este mismo sentido, la Diputación de Bizkaia espera que el tribunal se dé por satisfecho y dé por bueno el trabajo efectuado por esta institución, ya que Bizkaia «ha recuperado todas las ayudas por parte de las empresas, incluso aplicando los criterios más estrictos defendidos por la Comisión».

«Ayudas estatales»

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en julio de 2011 que tanto las «minivacaciones fiscales» otorgadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como los créditos fiscales del 45% del importe para grandes inversiones «son ayudas estatales incompatibles con el mercado común» y por tanto deben devolverse, avalando así una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el mismo sentido.

Concretamente, las «minivacaciones» eran una reducción durante cuatro años de la base imponible del Impuesto de Sociedades en favor de empresas de reciente creación si realizaban inversiones mínimas de 480.810 euros y creaban al menos diez puestos de trabajo.

Por su parte, los créditos fiscales tuvieron su origen en los regímenes de ayuda a la inversión puestos en marcha en 1988, que entre 1994 y 1997 desembocaron en medidas por las que otorgaban un crédito del 45% en el Impuesto de Sociedades a determinadas inversiones que sobrepasaran los 15 millones de euros.

Esas medidas fueron suprimidas en 2000, pero no fueron notificadas a la Comisión Europea (CE) en el momento de su creación, tal y como dicta la legislación comunitaria sobre toda nueva ayuda estatal.

La Comisión abrió una investigación a raíz de la denuncia de dos empresas y, en 2001, consideró que ambas medidas eran ayudas públicas ilegales y ordenó al Estado español que exigiera a los beneficiarios de las mismas su devolución.

Las tres diputaciones recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE (ahora Tribunal General), que dio la razón a la Comisión Europea. Ante ello, las autoridades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa interpusieron un recurso de casación.

La sentencia de julio de 2011 rechazaba ese recurso presentado en su día por las diputaciones forales de los tres herrialdes y daba la razón al Ejecutivo comunitario.